Un juez paraguayo dispuso hoy que el ex ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro, quien regresó al país después de 20 años y afronta causas por violaciones de los derechos humanos, sea sometido el viernes a una evaluación psiquiátrica.
El juez Digno Fleitas autorizó el análisis de Montanaro, de 86 años, luego de que el ex ministro de Interior durante el régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989) recibiera el alta médico el pasado 9 de junio en el Hospital de la Policía, en donde no obstante permanece en calidad de detenido hasta que se le impongan otras medidas.
En ese sentido, Fleitas anunció que mañana resolverá si Montanaro recibirá la prisión domiciliaria o si será trasladado a alguna dependencia para su reclusión.
Consideró además que los resultados de la prueba siquiátrica podrían estar 15 días después de la realización de la misma, con vistas a la eventual comparecencia del ex político en un juicio.
Fleitas recibió a comienzos de este mes los resultados de los análisis clínicos a los que fue sometido Montanaro para su posible declaración por los casos que afronta por presuntos crímenes de lesa humanidad y corrupción cometidos durante la dictadura 'stronista'.
Esa evaluación detalla, entre otras cosas, la "capacidad disminuida" que presenta el ex ministro en el plano fisiológico.
Según un primer análisis elaborado a comienzos de mayo pasado por Pablo Lemir, director de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y por José Lezcano, médico forense, ambos del Poder Judicial, el ex político "puede mantener una conversación en sus niveles más básicos", pero en ocasiones "presenta respuestas confusas".
Montanaro afronta causas por torturas, apresamientos ilegales y desaparición forzada de personas, algunas de ellas dentro de la Operación Cóndor, un sistema instaurado en las décadas de 1970 y 1980 por los regímenes militares en el Cono Sur para reprimir a sus opositores más allá de las fronteras de cada país.
El ex político, que fue ministro de Interior de 1966 a 1989, la época más dura de Stroessner, fue internado en el Hospital de la Policía en Asunción tras su sorpresiva llegada al país el 1 de mayo luego de permanecer asilado durante 20 años en Honduras.
La Comisión de Verdad y Justicia, que se encargó de investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Stroessner, indicó en su conclusión, divulgada en agosto de 2008, que al menos 59 personas fueron ejecutadas y otras 336 desaparecieron durante la dictadura.
Además, la comisión cifró en 128.076 el número de perseguidos a partir de 2.069 testimonios de supervivientes y familiares de desaparecidos.
