Una comisión de diputados y senadores de la oposición boliviana aseguró hoy en Washington que el presidente Evo Morales acabará por verse obligado a aceptar el regreso al país de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA).
La delegación, encabezada por el ex candidato a la Presidencia Manfred Reyes Villa, consideró que la política antidrogas del país ha quedado desprestigiada a raíz del arresto por narcotráfico en febrero del general René Sanabria, que fue jefe antidrogas de Bolivia entre 2007 y 2009.
"El Gobierno de Morales está manchado por el tráfico de drogas, y si quiere limpiarlo no le va a quedar más remedio que acceder a que la DEA retorne a Bolivia", dijo en una conferencia de prensa el senador por Tarija Marcelo Antezana.
La colaboración de Estados Unidos en el acuerdo antidrogas firmado el miércoles con Brasil demuestra, según el senador, que existe un "doble discurso" por parte de Morales con respecto a la agencia norteamericana, expulsada del país en 2008 y a cuyo regreso continúa oponiéndose públicamente el mandatario boliviano.
Reyes-Villa destacó, por su parte, que la extradición de Sanabria a Estados Unidos, donde será juzgado el próximo 23 de mayo, es vista por la oposición como "una gran señal", que el Gobierno intenta sin embargo "ocultar con una cortina de humo" al "hablar del mar para distraer".
El ex gobernador de Cochabamba, que reside en Virginia (Estados Unidos) desde diciembre de 2009 tras perder las elecciones presidenciales y denunciar una campaña de persecución política en su contra, confirmó que aún no ha pedido asilo político en el país norteamericano.
"Estoy esperando a que se restablezca el Estado de Derecho en Bolivia para poder retornar", indicó Reyes-Villa.
La comisión de miembros del partido Convergencia Nacional, que viajó a Washington el lunes y regresará a La Paz el domingo, se ha reunido con miembros del Congreso como el senador demócrata Bob Menéndez o el diputado Silvestre Reyes, y organizaciones como el Diálogo Interamericano.
Además de pedir más presión para la vuelta de la DEA y denunciar que la producción de hoja de coca se ha triplicado en los últimos años, los opositores expresaron su preocupación por el refuerzo de las relaciones con Irán, que aseguran, encubren una complicidad con los intereses de Teherán en la explotación de uranio.
La delegación exigió además nuevos esfuerzos por parte de Washington para normalizar las relaciones entre los dos países y avanzar hacia el nombramiento de nuevos embajadores en las capitales, como medida necesaria para hacer frente a la "tendencia a la autocracia" en su país.
"Los valores democráticos en Bolivia se han perdido por completo. Esto ha dejado de ser un tema interno para atañer a la libertad democrática en toda Suramérica", afirmó el congresista Andrés Ortega, que consideró que el tema es "demasiado importante para que el presidente Barack Obama lo ignore".
En ese sentido, el informe presentado la pasada semana por el portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Denis Racicot, que denuncia la falta de imparcialidad e independencia de la justicia boliviana, demuestra que la oposición "no se está inventando nada", dijo Antezana.
"Ese informe es el resultado de las permanentes denuncias de comisionados como nosotros y de las investigaciones de la ONU con sus propias fuentes. Es una prueba clarísima de que no acusamos por acusar", añadió.
La congresista Norma Pierola, que completó la delegación junto al senador Bernardo Gutiérrez, aseguró además que las denuncias por persecución política presentadas por la oposición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos "no avanzan", y que "una justicia que tarda es una justicia que no existe".
