El Gobierno del presidente Evo Morales puso hoy en vigor un decreto para que los contrabandistas de carburantes en el país sean castigados con penas de entre 5 y 25 años de cárcel bajo la ley antidroga, como si fueran narcotraficantes.
El superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, explicó en rueda de prensa que el decreto pretende frenar el contrabando a países vecinos del gasóleo, la gasolina y el gas licuado de petróleo, cuyos precios están subvencionados en el mercado interno.
Según el funcionario, la ley antidroga, que prohíbe el tráfico de sustancias susceptibles de ser usadas en el narcotráfico, ahora tiene alcances sobre los combustibles citados en el decreto.
La medida pretende frenar la grave escasez de carburantes que se vive en varias regiones del país, en particular en Santa Cruz, sede de productores agrícolas donde el gasóleo se trafica a Brasil.
Según la prensa local, en Santa Cruz al menos un 30 por ciento de los combustibles son vendidos en contrabando por una red de corrupción que está en los niveles "bajos" de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El presidente Morales admitió hace pocos días la existencia de esos niveles de corrupción y entonces anunció que preparaba un "fuerte golpe" al contrabando de los combustibles.
Según Aruquipa, quienes sean capturados traficando con combustibles se enfrentarán además de a las condenas de cárcel en un penal de alta seguridad, a la confiscación de sus medios de transporte.
El Gobierno decretó además la movilización del Ejército a partir de hoy para custodiar las gasolineras y evitar así que vendan los combustibles en bidones o recipientes extras con el riesgo de ser trasladados por contrabando a países vecinos.
El precio del gasóleo en Bolivia está congelado en 0,5 dólares por litro y la bombona de gas licuado de petróleo en 3,11 dólares, mientras que en los países vecinos el primer producto ronda los 2,8 dólares por litro y el segundo ha llegado a alcanzar 21 dólares.
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Trigo, confirmó, en la misma rueda de prensa, que desde hoy unos mil agentes custodiarán en el país 417 gasolineras y 31 plantas de distribución de carburantes en todo el país.
Para reforzar la lucha contra el contrabando, Morales también relevó hace pocos días al jefe de la Aduana, el general jubilado César López, y lo sustituyó por Wilfredo Vargas.
