El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy otra ley que endurece las sanciones al contrabando, la segunda en cinco meses, que incluye entregar el 20% de la mercancía decomisada a quien haga la denuncia, y amenazó con expropiar las gasolineras que vendan combustibles sin factura.
El mandatario explicó que sectores afines le sugirieron mejorar la guerra al contrabando luego de que la presión social le obligara a anular en enero un alza de los carburantes de hasta el 82%, que decretó en diciembre para frenar su venta ilegal.
La nueva ley, que Morales enviará al Parlamento la próxima semana, ordenará el decomiso de los vehículos empleados para el contrabando y entregar "de inmediato" el 20% de la mercadería incautada a quien haya denunciado el delito.
También fortalecerá el control de la venta de combustibles, sobre todo en las fronteras y revocará la licencia de funcionamiento de las gasolineras que no den factura por sus ventas.
"Esos surtidores que no den factura, primero perderán su licencia, y si fuera necesario, vamos a estatizar esos surtidores, en las fronteras especialmente", amenazó.
Es la segunda ley para atajar el contrabando propuesta por Morales en cinco meses, pues en agosto de 2010 promulgó otra que aumentó la sanción de cárcel para contrabandistas de cinco a diez años y estableció que los funcionarios cómplices tendrán un tercio más de la condena que se aplique a los primeros.
Según el Gobierno, el contrabando mueve cada año en Bolivia hasta 1.500 millones de dólares, causando un perjuicio al Estado de entre 300 y 400 millones de dólares.
Morales decretó en diciembre un alza de hasta 82% en el precio de los combustibles, con el argumento de que la subvención interna y el contrabando causan gran daño a la economía boliviana.
Pese a dar marcha atrás al llamado "gasolinazo", el presidente defiende la necesidad de subir el coste de los carburantes y pide a sus partidarios que definan cuándo y cómo se aplicará.
