El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió hoy a países y organismos internacionales que no protejan a bolivianos acusados de corrupción, durante la promulgación de la nueva ley para investigar fortunas sospechosas y enriquecimiento ilegal.
En su discurso, el mandatario defendió la norma como un hecho histórico en Bolivia, donde, según dijo, "se roban" cada año entre 200 y 300 millones de dólares por acciones de corrupción.
La nueva norma que entró en vigor hoy es la "Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas", aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo.
La norma ha provocado preocupación de opositores a Morales porque temen ser objeto de persecución política, ya que será aplicada de forma retroactiva para investigar gestiones de anteriores Gobiernos.
El presidente también sostuvo que la gente no tiene porque temer la ley, ni escapar, ni buscar protección de organismos internacionales.
"Países vecinos, presidentes o Gobiernos de los países del mundo u organismos internacionales no pueden defender a ningún corrupto. Sería el mejor aporte para erradicar la corrupción. No es posible que alguna gente se escape al exterior", dijo Morales.
Sostuvo que la Cancillería y la Justicia nacional tendrán una "batalla" legal para que quienes salieron del país sean sancionados porque siente que "llegó la hora de sentar la mano (de castigar) a la gente que ha hecho tanto daño a los bolivianos".
Para el gobernante izquierdista, el "peor enemigo" de su país ha sido la corrupción, tanto como las políticas de exclusión y marginación social y el "saqueo" de recursos naturales del país.
También apuntó que la ley "no es suficiente" para terminar con la corrupción en las instituciones del Estado, si es que "no se cambia de mentalidad" entre los servidores públicos del país.
La norma se aplicará para autoridades y ex autoridades del Estado boliviano sospechosas de corrupción, para las que no se reconoce inmunidad, fuero o privilegio alguno ante este tipo de delitos.
También establece la creación de un Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, tribunales y policías especializados en el área y un Sistema de Protección de Denunciantes.
Introduce, además, delitos nuevos en la legislación boliviana como el uso indebido de bienes y servicios públicos, enriquecimiento ilícito o el cohecho trasnacional (activo y pasivo), entre otros.
Tal y como establece la nueva Constitución del país, esta ley declara imprescriptibles los delitos "que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico".
El vicepresidente del país, Álvaro García Linera, destacó por su parte que la ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa gracias a que el oficialismo es mayoría, pues entre 2006 y 2009 la norma estuvo congelada 45 meses porque la oposición controlaba el Senado.
García Linera también subrayó la importancia de esta norma en el marco de una política que también permitió la austeridad en el Poder Ejecutivo con la reducción de salarios, incluido el de Morales, y la anulación de presupuestos que existían para gastos reservados.
En Bolivia, los "gastos reservados" eran fondos de libre disposición usados por los ministros de Gobierno (Interior) para asuntos de seguridad, pero Evo Morales los prohibió en su Gobierno.
Hace pocos días, la investigación del uso de esos gastos llevó a Guillermo Fortún, ex ministro de Gobierno y candidato a la Alcaldía de La Paz por una fuerza conservadora, a huir y "autoexiliarse" en Chile con el argumento de era víctima de persecución política.
