El presidente uruguayo, José Mujica, logró hoy el apoyo de todo su Consejo de Ministros para la aplicación de un impuesto a la tierra a pesar de la disputa que la iniciativa generó en los últimos meses con el vicepresidente Danilo Astori, arquitecto de la política económica del país.
Todos los integrantes del Consejo de Ministros firmaron hoy el proyecto de ley que crea el impuesto a la tierra y que será enviado de inmediato al Parlamento, informó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia en una conferencia de prensa.
El mandatario pretende aplicar un impuesto de 8 dólares por hectárea a quienes tienen entre 2.000 y 5.000, 12 dólares para los propietarios de entre 5.000 y 10.000 hectáreas y 16 dólares de impuesto por hectárea para los propietarios de más de 10.000.
Astori, quien fue derrotado por Mujica en la elección interna de la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) en la carrera que derivó en la Presidencia, alertó de los "efectos negativos" de la idea del presidente en la inversión extranjera en el país.
El vicepresidente estimó que aplicar un impuesto a la tenencia de tierra es cambiar las reglas de juego del sistema tributario que se aplica desde que el FA llegó al poder en 2005.
En el Parlamento el Frente Amplio tiene mayoría en ambas cámaras, pero no es segura la aprobación del proyecto debido a las discrepancias que genera en la interna del oficialismo.
La coalición de izquierda agrupa a socialistas, comunistas, exguerrilleros Tupamaros, socialdemócratas e independientes, entre otros.
Las negociaciones en la interna del Gobierno se sucedieron en las últimas semanas, incluidas reuniones entre Mujica y Astori para destrabar la situación.
Los ministros que hasta hoy no habían firmado el proyecto de ley son tres y responden al vicepresidente.
Mujica hizo saber a sus ministros que la idea de aplicar el nuevo impuesto tiene por objetivo evitar la concentración de la tierra en pocas manos y afirmó que es "una cuestión de principios" de la cual no se pensaba "bajar".
Finalmente, primó la postura del jefe de Estado y el proyecto de ley contempla su pretensión de gravar la tenencia de tierras.
El ministro uruguayo de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, uno de los que demoró su apoyo hasta último momento reconoció recientemente que "existen matices" en el Gobierno sobre el tema del impuesto.
La idea de que el agro y el campo, "que están pasando por un muy buen momento", aporten para mejorar las rutas y caminos rurales "la compartimos todos" (en el Gobierno), en lo que hay diferencias es "en la mejor forma de lograr esos aportes", agregó.
Las discrepancias entre el presidente y el vice "debe ser entendida como una luz amarilla de alerta" para el gobierno, destacó días atrás el senador oficialista Carlos Gamou, del Espacio 609, sector que lideró Mujica hasta poco antes asumir la presidencia.
En Uruguay, el sector agropecuario es el principal generador de riquezas y en los últimos años se ha visto beneficiado por un notable incremento en los precios internacionales de los granos, carne y lana, entre otros.
Según estimaciones oficiales, el nuevo impuesto afectará a unos 1.500 productores rurales de los 50.000 que hay en el país.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, José Alpuín, se mostró contrario a la aplicación de nuevos impuestos a la producción agropecuaria "que ya paga muchos", dijo.
Sin embargo, afirmó que el país "se merece" una discusión en el Parlamento sobre el tema de la concentración de la tierra en pocas manos.
"Acá viene cualquiera con plata y compra campos pero en otros países como Argentina, Brasil, Estados Unidos o la Unión Europea eso está reglamentado y limitado", afirmó,
Alpuín dijo que en los últimos años la producción de leche en Uruguay "perdió 200.000 hectáreas que se vendieron y se dedicaron a otra cosa".
