Representantes de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se manifestaron hoy en Buenos Aires en defensa de la aplicación de la Ley de Medios Audiovisuales.
La movilización ocurrió en respuesta a un reciente fallo judicial que frenó la aplicación de la controvertida norma, aprobada en octubre pasado por el Parlamento en medio del rechazo de un sector de la oposición y de los grandes grupos de medios del país que ven afectados sus intereses.
El fallo de la Cámara Federal de la provincia de Mendoza (oeste) fue el primero de segunda instancia contra la aplicación de la ley, que ya había sufrido varios reveses judiciales de primera instancia.
"Venimos a defender el derecho a estar libremente informados y a informar, cosa que está cercenada mientras la ley esté frenada en la Justicia", comentó el secretario argentino de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien participó en la manifestación.
"Estamos aquí para defender una ley de la democracia y terminar con una de las herencias más grandes de la dictadura", añadió el funcionario, en alusión a que la nueva ley sustituyó a otra que estaba en vigor desde el último Gobierno de facto (1976-1983).
Hugo Yasky, titular de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una de las dos grandes organizaciones sindicales del país, aseguró que "hay jueces sensibles al olor del dinero" que son "capaces de generar resoluciones que paralizan una ley aprobada por el Parlamento".
"Es un absurdo que sólo se puede explicar desde lo que significa el poder económico", apuntó.
A su turno, Hebe de Bonafini, titular del sector más radical de las Madres de Plaza de Mayo, cargó contra los jueces que "quieren parar la democratización del país".
"En esta marcha participan miles y miles de personas que son la repuesta a estos jueces corruptos que, por pocos pesos, han hecho lo que han hecho", destacó.
Los manifestantes se reunieron frente al Parlamento y desde allí marcharon hasta la sede de los tribunales.
La nueva norma desató el año pasado una intensa polémica entre el Gobierno, un sector de la oposición y los principales conglomerados de medios del país.
Entre otros puntos, el texto establece que una empresa no puede tener más de diez licencias de radio y televisión -catorce menos que el límite actual- y que tampoco puede ser titular de un canal de televisión de aire y de uno de cable en una misma localidad, uno de los puntos que mayores críticas ha suscitado.
Tanto el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) como el de su sucesora y esposa, Cristina Fernández, han mantenido una tirante relación con la prensa.
En los últimos años se ha profundizado su enfrentamiento con el mayor conglomerado mediático del país, el Grupo Clarín, propietario de medios gráficos, televisivos, radiales y digitales.
