Abren juicio contra magistrados paraguayos

La Cámara de Diputados de Paraguay dio ayer entrada oficial a una denuncia contra cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, que quedaron así bajo proceso por corrupción y otros presuntos delitos.
"Esta es la apertura oficial del proceso de enjuiciamiento político. En el libelo acusatorio están incluidos una veintena graves irregularidades, delitos contra la constitución, hechos de corrupción y hechos previstos en el código penal", informó a Reuters el diputado opositor Rafael Filizzola, quien preside la comisión de acusadores.
"Existen sobrados fundamentos no sólo para enjuiciar sino para destituir a estos cuatro magistrados. Esta Corte violó principios fundamentales del estado de derecho como la división y el equilibrio de poderes, dictó fallos inconstitucionales y se abrogó prerrogativas que no le confieren la constitución ni las leyes", añadió.
La Corte Suprema paraguaya se compone de nueve ministros que provienen de partidos políticos y organizaciones de abogados. Para la elección de cada ministro, el Consejo de la Magistratura --donde están representados el Congreso, el gremio de abogados, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo-- selecciona de entre los candidatos una terna de la cual el Senado escoge un nombre, que deberá ser confirmado por el presidente.
La semana pasada, dos de los integrantes más prestigiosos del organismo dimitieron tras conocerse que el presidente Nicanor Duarte Frutos, quien asumió el poder el 15 de agosto, había pactado con los principales partidos de oposición el cambio de la mayor parte de la Corte antes de fin de año.
"Vamos a honrar este compromiso. El trámite será lo más breve y serio posible para conseguir la meta de recambio de la Corte hacia mediados del mes que viene", aseguró el diputado Luis Carlos Neumann, jefe de los diputados del opositor Partido Liberal.
Legisladores indicaron que el magistrado más afectado por denuncias de tráfico de influencia, prevaricato y cohecho es el presidente de la Corte, Bonifacio Ríos Avalos.
De los 7 jueces que permanecen en sus cargos, dos fueron nombrados recientemente y uno está fuera de la nómina de magistrados a ser enjuiciados. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia son nombrados por periodos de cinco años, y en caso de ser reelegidos sólo pueden ser removidos por retiro a los 75 años de edad, o por juicio político, cuyo trámite se inicia en la cámara baja del Congreso.
En los procesos de enjuiciamiento político la Cámara de Diputados, de 80 miembros, hace de fiscal ante el Senado de 45 integrantes, que cumple el papel de juez.
Todo juicio político se inicia con la aprobación de al menos 53 diputados. Para la remoción del funcionario enjuiciado deben votar 30 senadores.