El anuncio había sido hecho previamente por uno de los abogados defensores, René Buroz Arismendi, quien dijo que 11 de los 20 magistrados votaron sobre el sobreseimiento y ocho se abstuvieron, mientras un juez supremo no se presentó a la sesión plena.
Al hacerse pública la decisión, violentos disturbios estallaron en el centro de Caracas, donde se agolpaban miles de simpatizantes del presidente Hugo Chávez que exigían justicia al TSJ.
La militarizada Guardia Nacional (GN) les dispersó de las cercanías de la sede del TSJ, lanzándoles gases lacrimógenos y perdigones.
La ponencia absolutoria fue presentada por el magistrado Franklin Arrieche, quién destacó no haber mérito para juzgar a los militares.
Antes de aprobar por mayoría la sentencia propuesta por Arrieche se desestimaron dos ponencias, que pedían enjuiciar a los oficiales por rebelión militar.
Un camarógrafo resultó herido de un balazo según colegas y también se informó que dos agentes fueron heridos por disparos.
La reacción de la seguridad aplacaba los ánimos pero las escaramuzas se repitieron y en ocasiones se escucharon disparos de pistolas.
Los cuatro militares acusados son el general de División Efraín Vásquez, ex comandante del Ejército; el general de Brigada Pedro Pereira, ex jefe del Estado Mayor Unificado de las Fuerzas Armadas; el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, ex jefe del Estado Mayor de la Armada, y el contraalmirante Daniel Comisso Urdaneta. Chávez había pedido horas antes a sus seguidores a que no pierdan la calma"" y no se desesperen"", y los instó a que se aferren a la Constitución para cuidar muchísimo el camino que hemos venido construyendo"".
Negó que su gobierno haya sido débil"" en el trato que dio las personas implicadas en la sublevación de abril, y sostuvo que sus acciones representan una fortaleza de la democracia"". En tanto, la organización de derechos humanos venezolana PROVEA rechazó la negativa del Tribunal, que calificó como una “impunidad de suma gravedad”.
Por otro lado, la OEA reiteró su disposición a brindar la ayuda necesaria al gobierno para llevar un diálogo con la oposición y consolidar el proceso democrático, dijo un comunicado de la institución.
