Un grupo de 91 países han acordado el texto final de un nuevo tratado que pretende cerrar los puertos pesqueros a las embarcaciones involucradas en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (conocida por sus siglas, INDNR), en unas negociaciones auspiciadas por la FAO.
Así lo informa hoy en un comunicado la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
El "Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto para prevenir, evitar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada" será el primer tratado a nivel mundial centrado de forma específica en el problema de la pesca INDNR, refiere.
Se espera -dice- que el acuerdo ayude a impedir que el pescado capturado de forma ilícita entre en el mercado internacional, eliminando así un importante incentivo para los pescadores que se dedican a prácticas ilegales.
En el acuerdo los países se comprometen a tomar una serie de medidas para dificultar la entrada en sus puertos a los pescadores que se dedican a la pesca INDNR.
Así, los barcos de pesca extranjeros que pretendan atracar estarán obligados a solicitar permiso con antelación en una serie de puertos especialmente designados, transmitiendo información sobre sus actividades y el pescado que llevan a bordo, asegura la nota.
El tratado obliga también "a los países a inspecciones regulares y establece una serie de normas a utilizar durante estas inspecciones. El examen de la documentación del navío, de sus aparejos de pesca, de las capturas y del libro de bitácora puede a menudo desvelar si ha realizado actividades de pesca ilícita".
"Los países firmantes deben garantizar que los puertos y los inspectores cuentan con el equipo y la formación adecuados", señala.
Asimismo, cuando a una embarcación se le niegue el acceso, los Estados rectores de los puertos deben difundir esa información públicamente y las autoridades nacionales del país de pabellón del navío deben tomar las medidas consiguientes, señala.
El tratado pide la creación de redes para compartir la información que permitan a los países tener los datos sobre los barcos asociados a la pesca INDNR, y también prevé ayuda para que los países en desarrollo con escasos recursos puedan cumplir las obligaciones del acuerdo.
"Estas medidas -agrega- se aplican a los barcos de pesca extranjeros que están bajo una bandera diferente a la de los Estados rectores de los puertos, sin embargo los países pueden aplicarlas a sus propias flotas pesqueras sí así lo deciden".
El tratado se enmarca en la Constitución de la FAO, con su Director General como depositario legal de las ratificaciones de los países y para poder entrar en vigor, el acuerdo debe ser ratificado a nivel nacional.
Una vez que lo hayan hecho 25 Estados, entrará en vigor en un plazo de 30 días, explica.
Las denominadas "Medidas de los Estados rectores de los puertos" como las que contempla el nuevo tratado son consideradas por la mayoría como una de las armas más eficaces y rentables en la lucha contra la pesca ilegal, concluye.
