El presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, y el de facto, Roberto Micheletti, firmaron el acuerdo definitivo para poner fin a la crisis en Honduras, según el cual tienen una semana para pactar un Gobierno de unidad.
La verdadera presión pasó así al Congreso, que, según el Acuerdo de Tegucigalpa-San José, deberá dar su aval legal o rechazar la restitución en el poder de Zelaya, derrocado el pasado 28 de junio.
"El acuerdo entra en vigencia a partir de (...) hoy, y en los próximos días se conformará la comisión de verificación, que va a coordinar la OEA, (y) se conformará el Gabinete de Unidad Nacional, (para lo que hay) plazo hasta la próxima semana", explicó el enviado de la Organización de Estados Americanos, Víctor Rico.
Otros de los puntos que contempla el pacto -que aún no ha sido difundido- son una verificación internacional, una comisión de la verdad, el reconocimiento de las elecciones del 29 de noviembre y el rechazo a una amnistía política y a una Asamblea Constituyente.
La verificación internacional, indicó Rico, estará conformada por dos representantes de la OEA y uno por cada una de las partes en conflicto.
Inmediatamente después de suscribir el acuerdo, las dos comisiones trasladaron el documento al Congreso Nacional, que deberá convocar a sus miembros, ahora en receso, para dictaminar, tras escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), si Zelaya vuelve o no a la presidencia.
Entretanto, Zelaya deberá seguir refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, según Micheletti.
