Estados Unidos acusó a dos hispanos por tráfico de personas y secuestro con el propósito de obtener un beneficio económico por el rescate, informó hoy la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida.
De ser encontrados culpables de los cargos, los presuntos traficantes de personas podrían ser condenados a cadena perpetua.
Niovel Chirino-Álvarez, de 33 años, y Lázaro Martínez-Padrón, de 21, fueron acusados en un tribunal de Miami el viernes pasado de "conspirar con otros para animar e inducir" a ocho cubanos a "entrar y residir en Estados Unidos". También, de "retenerlos contra su voluntad".
Chirino-Álvarez y Martínez-Padrón exigieron el pago de 10.000 dólares a cada uno de los inmigrantes cubanos y los mantuvieron retenidos "hasta que el rescate fuera pagado", según los documentos de la acusación presentados en el tribuna.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación empezó a mediados de junio, cuando el familiar de uno de los inmigrantes cubanos, introducidos de forma ilegal en Estados Unidos, se comunicó con las autoridades de este país.
Dicho familiar les informó que un pariente suyo había llegado a Estados Unidos y "sólo sería entregado a la familia si ésta pagaba 10.000 dólares" a los contrabandistas.
Con el apoyo de los familiares, las autoridades comenzaron a grabar las llamadas que efectuaban los presuntos secuestradores.
En una de ellas, Chirino-Álvarez explicó al familiar que "él personalmente había traído de Cuba" a su pariente y que, una vez que le pagaran los 10.000 dólares, lo dejaría libre".
Poco después, agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Aduanas de Miami (ICE, por su sigla en inglés), concertaron una cita con Chirino-lvarez para entregarle la cantidad de dinero que exigían.
El 17 de junio pasado, Chirino-Álvarez y Martínez-Padrón dejaron en libertad al inmigrante cubano en un estacionamiento de Miami y fueron detenidos.
Los agentes encubiertos encontraron a siete inmigrantes cubanos en el interior del vehículo de los presuntos secuestradores.
"Individuos como éstos que intentan aprovecharse de la desesperada situación de una familia de nuestra comunidad deben responder por su conducta criminal", señaló en un comunicado Alexander Acosta, fiscal federal de este distrito.
