Panamá ha logrado importantes avances en materia de protección a la propiedad intelectual, y no sólo por los nacionales, también por las inversiones extranjeras ya que les garantiza una seguridad jurídica, al proteger sus productos.
Además de las unidades especializadas en la Policía Técnica Judicial y de las fiscalías que atienden estos delitos, existe el acceso a la base de datos de propiedad industrial a través de DIGERPI y el establecimiento de una fianza de excarcelación obligatoria de B/.5,000 para los delitos de propiedad intelectual.
Las leyes panameñas establecen que el material incautado puede ser donado, o destruido. Además se incluyen los delitos de propiedad intelectual en la norma de blanqueo de capitales y en ambos delitos se puede recurrir en casación.
Todas estas medidas han logrado disminuir estos delitos, y llevar a la clandestinidad a los involucrados.
