El Estado colombiano admitió ayer su responsabilidad en una masacre de 49 campesinos en el central municipio de Mapiripán, en julio de 1997, cometida por paramilitares de extrema derecha con la complicidad de miembros del Ejército.
En una declaración escrita, el gobierno informó que el comité de derechos humanos que encabeza el vicepresidente Francisco Santos "decidió que el Estado colombiano reconocerá su responsabilidad por violación a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad de las víctimas".
El gobierno comunicó su decisión durante una audiencia pública sobre el caso que inició el lunes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
