El juez federal Ricardo Urbina rechazó una moción de la defensa de los cinco agentes de la empresa de seguridad privada Blackwater, acusados del homicidio de 14 iraquíes en 2007, que cuestionaba la jurisdicción de Estados Unidos, para juzgarlos.
La defensa, representada en esta ocasión por Mark Hulkower, argumentó en una vista ante la Corte Federal del Distrito de Columbia que varias instancias del Gobierno de Estados Unidos y el Congreso determinaron que existe un vacío legal para juzgar a contratistas del Departamento de Estado que cometen delitos en el extranjero.
El abogado señaló que en el proceso legal contra los cinco agentes de Blackwater "hay algo fundamentalmente equivocado" y que sería injusto "gastarse millones de dólares en traer testigos a EE.UU. si simplemente no hay jurisdicción" sobre el caso.
Contratistas del Departamento de Defensa pueden ser juzgados por cortes estadounidenses por delitos ocurridos en el exterior, pero debido a un vacío legal si trabajan para otras agencias federales sólo pueden ser acusados si en su misión apoyan al Pentágono.
En el caso de Blackwater, la empresa de seguridad privada trabaja para el Departamento de Estado y su misión es proteger a personal diplomático en Irak.
La fiscalía, encabezada por Kenneth Kohl, refutó las alegaciones de Hulkower afirmando que el trabajo de Blackwater en Irak está vinculado directamente al del Departamento de Defensa y que, por tanto, apoya su misión en ese país y los agentes pueden ser juzgados en Estados Unidos.
La ley que determina si los contratistas pueden ser juzgados o no es la "Military Extraterritorial Jurisdiction Act" que fue aprobada por el Congreso en 2000 y enmendada en 2004.
Kohl recurrió a afirmaciones de senadores que decían que sí existe jurisdicción para que los contratistas de "cualquier" agencia federal puedan ser juzgados en Estados Unidos.
Sin embargo, el subsecretario de Defensa, Gordon England, afirmó en 2007 que los contratistas de Blackwater que trabajaban para el Departamento de Estado no estuvieron involucrados en actividades de apoyo al Pentágono, por lo que no cabe una acusación por parte de fiscales contra los cinco guardias de seguridad.
"No se puede permitir que contratistas nos avergüencen en el extranjero y que sus actos delictivos pasen sin ser juzgados", señaló Kohl.
La defensa también cuestionó la jurisdicción de la Corte Federal del Distrito de Columbia para juzgar a los cinco agentes, dado que ninguno vive en el distrito.
