La SIP expresó su alarma y profunda preocupación por la incautación de tres canales televisivos por parte del Gobierno de Ecuador y el manejo editorial oficial de esas emisoras, lo que consideró como "un grave atropello al derecho del público a la información".
La Policía intervino el pasado 8 de julio los canales Gamavisión, TC Televisión y CN3, luego de que la agencia estatal interventora incautara 195 propiedades del grupo económico Isaías, con el fin de recuperar las pérdidas ocasionadas por su institución financiera Filanbanco.
La medida generó protestas de periodistas y trabajadores de esos medios, en especial por la suspensión de noticieros y el cambio de la política editorial.
El Gobierno destituyó a los directores periodísticos de las estaciones incautadas y nombró en su reemplazo al periodista José Toledo.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gonzalo Marroquín, argumentó que "esa medida no hace otra cosa que disfrazar de licitud una política de censura".
Añadió que la SIP es respetuosa y solicita en estos casos transparencia y debido proceso, "pero no a costas de que se someta la política editorial de un medio".
También dijo "que es obvio que el nuevo director no será independiente para nada de la visión gubernamental".
Marroquín agregó que esa puede ser una medida política del presidente Rafael Correa para minar la independencia de los medios de comunicación ante la Asamblea Constituyente.
La SIP, en sus últimos informes de libertad de prensa ha subrayado la peligrosa actitud de varios gobiernos latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela que han creado numerosos medios de comunicación con fondos públicos para usarlos como agentes de propaganda política.
Marroquín recordó que tras la incautación del diario El Telégrafo de Guayaquil en el 2007, el Gobierno prometió que sería subastado, "aunque vemos que lo mantiene como gacetilla oficial".
