Representantes del Ministerio de Gobierno y Justicia, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y de ACNUR analizarán el tratamiento que se da al refugiado y la necesidad de actualizar la legislación existente.
Las autoridades de ACNUR entregaron al Gobierno Nacional, una serie de comentarios sobre la necesidad de modificar el decreto ejecutivo de 23 de febrero de 1998, que regula el procedimiento para la determinación de la condición de refugiados.
De acuerdo con ACNUR la norma vigente en Panamá no es consistente con el artículo 1 de la Convención de 1951.
Según ACNUR el citado decreto, establece que la condición de refugiado se adquiere tras demostrar la existencia de una persecución individualizada.
Sin embargo, señalan que la Convención de 1951 establece que debe tratarse de un temor fundado de persecución y que no requiere sea individualizada.
En sus comentarios ACNUR señala que la legislación panameña establece que la persecución debe emanar de las autoridades del país de origen del solicitante.
En el Derecho Internacional se admite que los agentes no estatales cometen igualmente violaciones a los derechos humanos.
ACNUR también propone la inclusión de dos nuevos capítulos, para referirse a la protección temporal en situaciones de afluencia masiva y la aplicación de un estatuto humanitario de protección o formas complementarias para su seguridad.
