Los diputados argentinos hicieron un fuerte gesto político al aprobar la anulación de las leyes de amnistía, lo que aún debe ser ratificado por el Senado, aunque será finalmente la Corte la que resolverá o no la apertura de miles de juicios contra acusados de crímenes durante la dictadura militar.
La Cámara Baja aprobó la noche del martes la "insanable nulidad" de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), luego de que el presidente Néstor Kirchner las calificara como "de impunidad", en línea con un histórico reclamo de los organismos de derechos humanos.
No obstante, el vicepresidente Daniel Scioli consideró ayer que esta medida parlamentaria tendrá "escasa validez jurídica" al afirmar que "este tema va a terminar en la Corte Suprema". La anulación permitiría la reapertura de miles de juicios que fueron suspendidos por aquellas normas dictadas bajo la presión de militares que reivindicaban la dictadura que dejó 30,000 desaparecidos, según los organismos defensores de derechos humanos.
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