El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces en España, aplazó hoy su decisión sobre el traslado temporal a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya del juez Baltasar Garzón, a quien unas horas antes había suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional.
Entretanto, cientos de personas, convocadas por la plataforma contra la impunidad del franquismo, se concentraban frente a la Audiencia, en Madrid, para expresar su apoyo al juez, conocido por casos como el procesamiento al dictador chileno Augusto Pinochet en 1998.
La suspensión del magistrado tiene que ver con tres querellas interpuestas en su contra, causas por las que el CGPJ se pronunció hoy suspendiéndole cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional.
Una de las querellas tiene que ver con un presunto delito de prevaricación cometido supuestamente por Garzón al investigar los crímenes cometidos por el franquismo (1936-1975), cuando supuestamente no era competente para hacerlo.
Las otras dos fueron interpuestas a raíz de una orden suya para intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en un escándalo de corrupción en el seno del opositor Partido Popular (PP) y a la acusación de haber recibido un dinero del Banco de Santander para una estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006.
El pasado martes, el juez Garzón había solicitado al CGPJ su traslado durante siete meses a la CPI donde le ha sido ofrecido un puesto de asesor del fiscal jefe de este tribunal, el argentino Luis Moreno Ocampo.
Sin embargo, al día siguiente, el juez del Tribunal Supremo que instruye la querella contra Garzón por el caso de los crímenes del franquismo ordenó la apertura de juicio oral contra Garzón, lo que conllevaba la consulta del CGPJ sobre su suspensión, que finalmente fue decidida hoy.
También hoy, el CGPJ debía pronunciarse sobre la autorización al juez para ir a La Haya, una vez decidida su suspensión cautelar.
La Comisión Permanente del CGPJ acordó entonces que antes de pronunciarse sobre la petición de Garzón necesita cinco nuevos informes, entre ellos uno del Tribunal Supremo y otro del Fiscal General del Estado, para que aclaren si el traslado es posible.
Baltasar Garzón recibió esta comunicación en su despacho de la Audiencia, adonde regresó en la tarde de hoy tras haber abandonado la sede judicial al mediodía entre las muestras de apoyo y de afecto de los funcionarios, los jueces y los fiscales destinados en esta sede judicial.
En la calle, cientos de personas cortaron una calle adyacente a la sede de la Audiencia y exhibieron pancartas con lemas "contra la impunidad del franquismo" y "en solidaridad con las víctimas", así como numerosos carteles para pedir justicia y respeto para el juez Garzón.
Uno de los asistentes, el abogado Carlos Slepoy, que se ha presentado en las causas que ha llevado la Audiencia por los crímenes cometidos en Argentina, Chile y Guatemala, dijo que la suspensión del juez es "un disparate absolutamente incomprensible", "producto de una persecución" por parte de aquellos magistrados que no quieren investigar los crímenes del franquismo.
