La Cámara de Diputados argentina convirtió en ley una parte de la polémica reforma del Poder Judicial que, según la oposición, vulnera la independencia de la justicia y garantiza al Gobierno la impunidad.
En una sesión salpicada por los duros cruces verbales entre la oposición y el oficialismo, los legisladores aprobaron la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la limitación de las medidas cautelares contra el Estado, muy resistida por un abanico de opositores y grupos civiles.
Ambas iniciativas ya contaban con media sanción en el Senado, donde el peronismo oficialista también tiene el control y cuenta con aliados.
La presidenta Cristina Fernández sostiene que la reforma busca transparentar el sistema de justicia y eliminar lo que a su entender son camarillas de magistrados que protegen sus intereses.
La mandataria indicó días atrás que algunos sectores de la justicia son extremadamente lentos a la hora de dictar sentencias y que defienden los intereses de empresas y corporaciones en contra del Estado.
La propuesta que limita el periodo de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado fue retocada recientemente por el oficialismo porque, según organizaciones civiles, incurría en la inconstitucionalidad. Se amplió a “sectores socialmente vulnerables” la posibilidad de que un juez pueda otorgar una medida cautelar antes de tener el punto de vista estatal.
Sin embargo, opositores y analistas advirtieron que dichos cambios son insuficientes para garantizar la tutela judicial de los distintos sectores sociales.
