Diputados del bloque oficialista en el Congreso presentaron un proyecto de ley para reglamentar las protestas callejeras a pedido de la presidenta Cristina Fernández, una iniciativa que marca un giro radical en la política de no intervención en las manifestaciones que ha caracterizado la década kirchnerista.
Bajo el título “ley de convivencia de manifestaciones públicas”, el proyecto establece que toda protesta debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas. También se deberá informar lugar, duración y objeto de la misma.
La presidenta Fernández instó a los legisladores de todas las fuerzas políticas a presentar propuestas para regular las protestas callejeras durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso a principios de marzo. El pedido se produjo en un contexto de creciente conflictividad social atribuido en parte al descontento que prevalece en la población ante el rumbo económico del país.
Las manifestaciones callejeras bajo la modalidad de “piquetes”, como se denomina al bloqueo calles o carreteras y hasta de vías de ferrocarriles, se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses, la mayoría en reclamo de mejores condiciones salariales frente a una aceleración de la inflación.
Fernández llevó adelante hasta aquí una política permisiva ante la protesta social.
