El presidente Néstor Kirchner derogó ayer un decreto que impedía la extradición de argentinos por delitos cometidos durante la última dictadura militar del país, abriendo el camino para que acusados de atrocidades en ese período sean juzgados en el exterior.
La decisión se produjo un día después de que el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenara el arresto preventivo de 45 militares y un civil, a quien el magistrado español Baltasar Garzón quiere juzgar por crímenes contra españoles durante la dictadura argentina (1976-1983).
“El presidente de la Nación acaba de firmar el decreto 420 por el cual deroga el decreto 1581 de 5 de diciembre de 2001, y de este modo dispone que en materia de extradición el trámite judicial será el trámite imperante y el que va a resolver los aspectos vinculados a esa materia”, dijo el jefe de gabinete, Alberto Fernández.
Ahora serán los jueces los que decidan, ante un pedido de extradición, si los delitos imputados a los acusados ya fueron juzgados o perdonados por tribunales argentinos que ampararon a represores de la dictadura, que dejó miles de muertos y desaparecidos.
De los 46 que busca Garzón uno intentó suicidarse de un balazo en la boca y tres se pusieron ayer a disposición de la justicia, incluyendo el general retirado Antonio Bussi, alcalde electo de una ciudad del norte del país.
Tras conocer la noticia de que su nombre estaba en esa lista, el suboficial de la Prefectura Naval, Juan Antonio Azic, intentó suicidarse disparándose un tiro en la boca, dijo la Policía.
Entre tanto, el ex marino Alfredo Astiz, apodado por sus víctimas como “Angel de la muerte”, también fue detenido ayer en Buenos Aires y quedó a disposición de la justicia para una posible extradición a España, dijeron fuentes oficiales.
Tras producirse cada arresto, comienza a correr un plazo de 30 días para que Garzón envíe el pedido formal de extradición.
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