La magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, Marlene Orjuela, negó la casa por cárcel al exsecretario general de la Presidencia colombiana Bernardo Moreno, como solicitó la defensa.
Simultáneamente, el expresidente Álvaro Uribe consideró que la orden de detención de quien fue su funcionario es "un show de la corrupción".
Orjuela, quien acogió los argumentos de la Fiscalía y de la defensa de las víctimas, señaló que estando en libertad Moreno "podría obstruir" la justicia y ordenó su inmediata detención.
Moreno es investigado por su presunta participación en el escándalo de las interceptaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia) contra magistrados, líderes de la oposición y periodistas en el Gobierno de Uribe (2002-2010).
Por otra parte, el director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), general Gustavo Adolfo Ricaurte, envió un mensaje a la magistrada Orjuela en el que le sugiere que "por seguridad" Moreno debe ser ingresado en un "lugar especial".
Ricaurte señaló en la comunicación opciones de reclusión como las guarniciones militares de la capital, la Escuela de Caballería o la Escuela de Artillería, ambas del Ejército.
Moreno ha negado los cargos que la Fiscalía General le imputa: concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública, por los cuales podría recibir, en caso de ser hallado culpable, al menos tres años de prisión.
Tal espionaje, según la Fiscalía, se realizó entre el 2007 y 2008.
La suerte final de Moreno, cuyo despacho estaba al lado del de Uribe en la casa de gobierno, es clave porque opositores del exmandatario afirman que era imposible que el expresidente desconociera las labores de sus más cercanos funcionarios y de la policía secreta, que depende directamente de la Presidencia.
Aún no hay ninguna averiguación formal en contra de Uribe, y este siempre ha negado haber impartido órdenes de espionaje y mantiene que si lo hubo fue obra de funcionarios corruptos de la policía secreta.
Fueron los abogados de las víctimas los que dijeron que en un encuentro, ocurrido en mayo del 2009, poco después de estallar en la prensa el escándalo del espionaje, Moreno habría intentado convencer al abogado de Jorge Lagos, exfuncionario del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) o policía secreta, para que su cliente no mencionara al exsecretario general de la Presidencia en sus declaraciones ante las autoridades.
La Fiscalía General como los abogados dijeron que esa reunión era un indicio de que Moreno quería obstruir la justicia y por tanto debía estar en prisión mientras se desarrolla su juicio.
