Estados Unidos (EU) expresó ayer su rechazo a la violencia como medio para resolver las diferencias políticas en Venezuela, y pidió al Gobierno y a la oposición a “ejercer sus libertades democráticas de manera responsable”.
El portavoz del Departamento de Estado de EU, Richard Boucher, afirmó en conferencia de prensa que “nos hemos opuesto a cualquier intento de cualquier parte de recurrir a la violencia o a medios inconstitucionales para resolver las dificultades políticas”.
“El Gobierno tiene la obligación de asegurar las condiciones apropiadas para el seguro ejercicio de la libertad de asamblea y de la libertad de expresión”, dijo Boucher con motivo de la marcha de protesta contra el presidente Hugo Chávez realizada ayer en Caracas.
En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, llamó ayer “al pueblo de Venezuela a actuar con paciencia y moderación” y expresó su apoyo a “los esfuerzos de la comunidad internacional para facilitar el diálogo”.
En una declaración entregada a la prensa por su portavoz Fred Eckhard, Annan urgió a los venezolanos a “buscar soluciones a sus diferencias, en base a los principios de la democracia y el imperio de la ley”. Annan se declaró “preocupado por la posible reanudación de la violencia en Venezuela”.
Por otra parte, el vicealmirante Alvaro Martín Fossa, jefe del estado mayor conjunto, renunció tras denunciar arbitrariedades en allanamientos a viviendas y una serie de irregularidades en los juicios que se ventilan en contra de cientos de militares acusados de sublevarse contra Chávez en abril.
No tengo temor en sacrificar 30 años de carrera, la seguridad de mi persona y mi familia al denunciar irregularidades en el funcionamiento de los consejos de investigación interna de las fuerzas armadas’’, dijo ayer el vicealmirante en una declaración difundida por la cadena televisiva de noticias Globovisión.
Acusó además al ministro de Defensa, general retirado José Luis Prieto, de encabezar una persecución en contra militares acusados de participar en la asonada del 12 de abril.
Pero la época dorada fue cayendo, gracias a la corrupción y crisis económica. Por “sugerencia” del Fondo Monetario Internacional, en 1979, el presidente Boigny cortó drásticamente los gastos estatales, suspendió casi todos los proyectos oficiales y eliminó los subsidios alimenticios.
Sin embargo, esta situación no provocó estallidos sociales inmediatos por la debilidad de los sindicatos y la ausencia de dirigencias políticas que representaran alternativas. Fueron los estudiantes y los profesionales liberales los únicos sectores rebeldes que pasaron a promover manifestaciones y huelgas.
En mayo de 1984 el Gobierno logró del Club de París y de otras fuentes crediticias una refinanciación de la deuda externa. Pero la crisis económica continúa debido al deterioro de las cotizaciones del café y el cacao.
En octubre de 1985 se presentó la candidatura del octogenario Boigny para su sexto mandato, designación refrendada ese mismo mes por el 99% del electorado.
Distanciándose de la realidad africana, en un alarde de construcciones monumentales, el régimen levanta la basílica más grande de Africa (María de la Paz) en un país donde el 60 % de la población profesa el islamismo.
Costa de Marfil, principal productor de cacao del mundo debió sufrir una baja en su principal renglón exportable: desde julio de 1987 hasta octubre del mismo año, el precio del kilo de la fruta descendió un 50% en los mercados internacionales.
La decisión del gobierno de reducir en un 25% el número de funcionarios públicos provocó una serie de huelgas y manifestaciones de repudio. Pese a estas medidas de austeridad, el gobierno no logró aplicar totalmente su programa de tres años para sanear las finanzas públicas y privatizar parte de las empresas estatales.
A mediados de 1993 un grupo de militares insurrectos protagonizó varios alzamientos, reclamando aumentos salariales y beneficios sociales.
La muerte del presidente en diciembre de 1993 abrió una disputa por su sucesión.
Henri Konan-Bédié, presidente de la Asamblea Nacional sustituyó a Boigny y logró consolidar su poder dentro del gobernante Partido Democrático, pese a la oposición del ex primer ministro, Alassane Ouattara.
En enero de 1994, el gobierno enfrentó una fuerte movilización sindical reclamando medidas compensatorias, tras la devaluación de 100% del franco.
En octubre de 1995, Bédié triunfó en una controvertida elección presidencial boicoteada por la oposición. Por primera vez desde la independencia, los extranjeros residentes no pudieron votar, ni tampoco quienes no fueran hijos de dos marfilenses. Esta medida permitió a Bédié “sacarse de encima” a Ouattara, cuyo padre era burkinés. Pese a las protestas de la oposición, Bédié se negó a modificar estas disposiciones y las elecciones tuvieron lugar en un clima de violencia.
Esto provocó duras reacciones en los diversos sectores sociales. Incluso, las elecciones fueron calificadas por los principales grupos de oposición de fraudulentas, lo que provocó un deterioro de las relaciones entre Bédié y los partidos opositores.
Como consecuencia de tanto descontento sale a escena el general Robert Guéi, quien se negó a que el Ejército realizara labores policiales contra los manifestantes.
Por su flagrante desobediencia de las órdenes presidenciales y mientras circulaban rumores de golpe de Estado, Guéi fue destituido como jefe del Estado Mayor .
En noviembre de 1996 Guéi y otros altos oficiales, acusados por la nueva jerarquía militar nombrada por Bédié de fomentar un complot golpista, fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas.
En septiembre de 1999 Guéi se acogió a una ley de amnistía, que no obstante le denegó el regreso al servicio activo en el Ejército.
El 24 de diciembre de 1999 grupos de soldados amotinados aparecieron en las calles de Abidján disparando sus armas y saqueando establecimientos. Lo que parecía un motín por cuestiones salariales se reveló horas más tarde como un golpe de Estado contra Bédié, quien, tras llamar en vano a la resistencia, hubo de marchar al exilio francés vía Togo bajo la protección del Gobierno de París.
Al día siguiente, Guéi, en uniforme de combate, apareció ante los medios de comunicación como el líder del golpe y presidente de un Comité Nacional de Salvación Pública (CNSP) o junta militar, de nueve miembros, que impuso el toque de queda y suspendió la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Consejo Constitucional.
Guéi justificó su acción, que quebraba 29 años de orden constitucional y poder civil ininterrumpidos (de hecho, Costa de Marfil era uno de los escasos países del continente que no había conocido la plaga golpista), con el argumento de que urgía “crear las condiciones necesarias para una democracia real y la celebración de elecciones libres” en el país, añadiendo que devolvería el poder a los partidos políticos “sólo después de barrer la casa”. Incluso expresó que en el período de transición que se abría estaba dispuesto a compartir las tareas del Gobierno con representantes de la sociedad civil.
La irrupción de los militares se producía al final de un semestre de rápido incremento de la crisis política y económica en que se hallaba sumido el país desde hacía un lustro. El propio Guéi apuntó como causa inmediata del golpe los intentos de Bédié para impedir la candidatura presidencial del dirigente opositor Ouattara, ex primer ministro y subdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien, como ya sucediera en los comicios de 1995, había sido declarado inhábil para optar por la Presidencia.
El 4 de enero de 2000 el general se nombró a sí mismo presidente de la República y jefe de un Gobierno cívico-militar de transición, del que fue excluido el Frente Popular Marfileño (FPI), del líder Laurent Gbagbo, partido socialista que a comienzos de los 90 encabezó la oposición al régimen de Boigny y que ahora desconfiaba de la alianza tácita entre Guéi y Ouattara.
La información de este escrito fue recabada de Internet, Agencias Internacionales y del Almanaque Mundial.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
