La asamblea de funcionarios de los bancos oficiales convocó a paralizaciones sorpresivas de actividades durante el jueves y viernes, tras no obtener resultados en las conversaciones sostenidas con las autoridades financieras a las que les presentaron sus demandas salariales.
El sindicato de bancarios del sector público pidió que se le reconozca la pérdida salarial sufrida en el gobierno anterior y exigió el pago de un aumento del 11,8 por ciento, entre otros asuntos incluidos en su lista de reivindicaciones .
Asimismo, el sindicato solicitó que se continúe con la equiparación salarial con el sector de la banca privada y que la pauta salarial establezca el criterio de ajuste por inflación futura.
El sindicato también planteó que se le compense un aumento por la aportación al Sistema Nacional Integrado de Salud de tres al seis por ciento y que se procuren fórmulas que compensen la disminución en los ingresos, como resultado de la Reforma Tributaria del actual gobierno de la coalición de izquierda "Frente Amplio".
Fuentes del gremio dijeron que los bancarios públicos en conflicto asistirán a la reunión que el gobierno convocó para el lunes.
Sin embargo, el sindicato de trabajadores anunció que profundizará las medidas, sino se encuentra una voluntad negociadora por parte de las autoridades bancarias.
Los funcionarios de los bancos oficiales afiliados a la Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay (AEBU) están en conflicto desde hace unas cinco semanas, sin que las partes hayan encontrado formas de superar el conflicto.
El viernes hubo una paralización en la banca pública de todo el país y hoy se produjo otro cierre de operaciones.
El paro de hoy fue para que todos los trabajadores pudiesen asistir a la asamblea general que se extendió por cuatros horas, y en la cual se aprobaron medidas como la paralización sorpresiva de las tareas bancarias este jueves y viernes.
El principal órgano afectado por el conflicto es el Banco de la República Oriental del Uruguayo, el mayor del país en operaciones de tipo comercial.
El conflicto también afecta a otras instituciones, como el Banco de Seguros del Estado y el de Previsión Social.
