La oposición venezolana se prepara para llevar a instancias internacionales la denuncia sobre un supuesto fraude en las pasadas elecciones presidenciales, mientras descarta que los recientes procesos judiciales iniciados contra algunas prominentes figuras puedan debilitarla para los comicios de alcaldes y concejales de diciembre.
Venezuela amaneció conmocionada por la decisión que tomó el Tribunal Supremo de Justicia de multar y ordenar a la fiscalía abrir un proceso contra el líder opositor y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, por las supuestas ofensas que emitió contra los poderes públicos en la solicitud de impugnación de los comicios presidenciales que fue rechazada por el máximo tribunal.
El anuncio de la sentencia coincidió con la emisión de una orden de captura y el allanamiento de la vivienda de Óscar López, director de Despacho de la Gobernación de Miranda y estrecho colaborador de Capriles, hecho que fue calificado por la oposición de “persecución política”.
Estas acciones fueron consideradas por los analistas como el arranque por parte del oficialismo de la precampaña para los comicios de diciembre y hacen prever que Venezuela se sumergirá en los próximos meses en una dura contienda política en medio de severos problemas económicos generados por una inflación desbocada y serias dificultades de abastecimiento de alimentos y otros productos básicos.
“El gobierno quiere desviar la atención y manipular”, declaró Capriles a la prensa al desestimar las acciones del máximo tribunal.
