El Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aprobó ayer un proyecto de ley para limitar las escuchas judiciales a los delitos más graves y aumentar hasta tres años, la pena para quien las publique de manera ilegal, lo que ha despertado duras críticas de la oposición y los periodistas.
El ministro italiano de Justicia, Angelino Alfano, explicó en una rueda de prensa, que el actual sistema de escuchas telefónicas o ambientales en investigaciones judiciales ha "degenerado" y que el derecho a la intimidad "ha sido violado muchas veces".
Sin embargo, los críticos consideran que la restricción de las escuchas supondrá una limitación a los poderes de investigación de los jueces, con lo que delitos que se pueden descubrir ahora , quedarán ocultos.
