La reina Isabel II inauguró ayer el curso parlamentario británico con la lectura del programa de Gobierno del primer ministro Tony Blair, quien, a juzgar por las polémicas leyes anunciadas, se enfrenta a un año difícil.
Pese a la oposición de sus propios parlamentarios, el Ejecutivo laborista impulsará contestadas medidas sobre inmigración, educación y reforma constitucional, lo que, según los analistas, podría causar problemas en la Cámara de los Comunes.
Con toda la pompa que caracteriza la tradicional ceremonia anual, la Soberana, vestida de blanco y con la corona imperial, se dirigió a los miembros del Parlamento, reunidos en la Cámara de los Lores, para leer el programa del Gobierno laborista.
"Los principales objetivos de mi Gobierno -fue su primera frase- son la estabilidad económica y el crecimiento..." La lucha contra el terrorismo y facilitar las condiciones para un posible referéndum sobre el euro son dos de las prioridades para este curso, señaló Isabel II.
El programa previsto por Blair para el tercer año de su segundo mandato incluye la promulgación de 23 nuevas leyes. Entre las más controvertidas está la ley de Contingencia Civil, que ampliará los poderes de las fuerzas del orden para el caso de una emergencia nacional, como un atentado terrorista.
En circunstancias extremas, las autoridades podrán prohibir las reuniones públicas, imponer toque de queda, aislar zonas, confiscar la propiedad y declarar suspendidos los derechos humanos.
En política exterior, la Reina adelantó que el Ejecutivo prepara una ley que "allane el camino" para la convocatoria de un referéndum sobre el euro, cuando las condiciones económicas sean las adecuadas.
Añadió que el Gabinete laborista "trabajará duro para finalizar las negociaciones de un nuevo tratado constitucional" para la Unión Europea. En cuanto a políticas sociales, el Gobierno impulsará una ley de "parejas civiles", que reconocerá las uniones entre homosexuales y equiparará sus derechos a los de los matrimonios convencionales.
Las parejas del mismo sexo podrán disolver su unión civil en una especie de divorcio -aunque este término, como el de matrimonio, no se usa en la ley- y también adoptar, heredar y cobrar pensiones.
Y pese a la oposición de un buen número de sus propios diputados, el Ejecutivo prevé subir las matrículas universitarias, con lo que rompe su promesa electoral, hecha en 2001, de que no lo haría.
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