Bolivia pide captura de Sánchez de Lozada

LA CORTE Suprema de Bolivia divulgó el viernes un edicto en el que ordena la busca y captura del ex presidente del país, Gonzalo Sánchez de Lozada, y dos miembros de su antiguo gabinete, en el marco de un juicio por genocidio y daños económicos.
La justicia boliviana los requiere en conexión con las muertes de más de 60 personas durante las protestas populares de octubre 2003 contra un proyecto de exportación de gas natural, y que forzaron la renuncia del mandatario.
La orden señala que Sánchez de Lozada y los ex ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, fueron declarados en rebeldía, por lo que se emite un "mandamiento de aprehensión".
El pasado mes de enero, la Corte Suprema de Bolivia los declaró a los tres "rebeldes y contumaces" al inicio del mismo juicio.
Sánchez de Lozada y sus dos ex ministros, quienes no han asumido su defensa en el proceso, viven en Estados Unidos desde que renunciaran a sus cargos el 17 de octubre de 2003.
El juicio de responsabilidades está impulsado por organizaciones sindicales y de derechos humanos y cuenta con el apoyo del presidente de Bolivia, Evo Morales.
El edicto de la Corte Suprema ordena la publicación de los datos personales de los implicados "para su búsqueda y aprehensión", así como el registro hipotecario de sus bienes en Bolivia.
El fiscal del caso, Milton Mendoza, explicó a la agencia de noticias EFE que con la publicación del edicto se pasará la orden de detención de la policía boliviana a la policía internacional, Interpol.
Según Mendoza, ahora la Corte Suprema pedirá la cooperación de la justicia estadounidense para que ejecuten las órdenes de busca y captura.
En el pasado, el presidente Evo Morales acusó al gobierno de Estados Unidos de obstruir el proceso a Sánchez de Lozada y sus ex miembros de gabinete, ante el retraso de las autoridades de ese país de entregar las notificaciones de juicio a los acusados.
La acusación se basa en un decreto emitido por Sánchez de Lozada por el que pide a los militares ocuparse de "restablecer el orden público" con "la fuerza necesaria" para permitir en octubre de 2003 que un convoy de camiones cisternas llegaran a La Paz, rompiendo un bloqueo de semanas en la vecina ciudad de El Alto.
La población en La Paz se había quedado sin combustibles y escaseaban los alimentos por una crisis que se inició en septiembre de 2003, con el pedido de dirigentes campesinos a la justicia de liberar a uno de ellos, acusado de asesinato.