A menos de dos meses de las elecciones generales brasileñas, un nuevo escándalo de corrupción socava la credibilidad del Congreso y reactiva la memoria de las denuncias que el año pasado pusieron a la defensiva al presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
El último remezón político se produjo el jueves, cuando una comisión parlamentaria recomendó investigar a 72 legisladores, tanto de bancadas oficialistas como opositoras, por su presunta vinculación con la "mafia de los chupasangre", como se denomina al entramado creado para sobrefacturar ambulancias y material sanitario para ayuntamientos.
Ese esquema envuelve a 12% de los miembros de un Congreso ya desprestigiado por el escándalo que el año pasado provocó la caída de los principales ministros de Lula y de la plana mayor del oficialista Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), acusado de haber pagado sobornos a decenas de diputados.
De julio a agosto, el número de brasileños que vincula los casos de corrupción al Congreso creció de 23% a 30,8%, según un sondeo realizado del 1 al 4 de agosto por el instituto Sensus.
Lula parece haber esquivado el asunto de los "chupasangres" (la encuesta se realizó cuando ya se percibía la magnitud del caso), dado que el número de quienes vinculan la corrupción a la figura presidencial cayó de 18,2% a 17,8%.
Pero según otro sondeo, realizado del 29 al 31 de julio por el Ibope, un 27% de los brasileños juzga que el combate a la corrupción es la segunda área (superada sólo por el combate a la violencia) en la que el gobierno tuvo su peor actuación. En junio de 2005 ese porcentaje era de apenas 13% (y figuraba quinto en la lista de malos desempeños).
Lula, gran favorito a la reelección, quería centrar su campaña en las realizaciones económicas de su gobierno, pero tuvo que resignarse a que el tema de la corrupción absorbiera buena parte de dos entrevistas que concedió el jueves por la noche a canales de la red Globo de televisión.
El mandatario afirmó que la cuestión de los sobornos "no mancha al PT", sino sólo a "algunas personas del partido" y alegó que todos sus ministros sospechados "fueron apartados" de sus cargos, incluyendo el de la Casa Civil (virtual jefe de gobierno), José Dirceu, y el de Hacienda, Antonio Palocci.
El resurgimiento de los temas de corrupción a raíz de la mafia de los "chupasangres" no significa sin embargo que Lula vea amenazada su reelección, como lo prueban las últimas encuestas, en las que amplía incluso su ventaja frente a su principal adversario, Geraldo Alckmin.
"El tema de los "chupasangres" favoreció a Lula: sacó el foco de Planalto (el palacio presidencial) y lo volcó al Congreso. Y cada vez que el Congreso queda en evidencia, Lula sube en las encuestas", dijo a la AFP un miembro de la dirección del partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al que pertenece Alckmin.
Alckmin llegó a decir que esperaba una reacción de "ira santa" de los brasileños contra la corrupción. La semana próxima lanzará un proyecto de "combate a la corrupción y de modernización del Estado".
Lula trata de que la bandera de la ética no quede en manos de su adversario, y afirma que la multiplicación de escándalos en su gobierno se explica en parte por la multiplicación de las investigaciones.
El mandatario mencionó además la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente para votar una reforma política que acabe de raíz con las causas de la corrupción (bloqueando por ejemplo los frecuentes cambios de partidos de los legisladores).
Pero Claudio Abramo, director de Transparencia Brasil (de la red Transparency International), sostiene que esa iniciativa es una "cortina de humo". "Una reforma política no tiene nada que ver con el robo de los cofres públicos", dado que los "chupasangres" no hubieran podido actuar sin liberación de partidas presupuestarias en el Ministerio de Salud, estimó.
Quienquiera que resulte electo presidente deberá gobernar con un Congreso que arrastrará todos esos males y en el cual pueden figurar muchos de los presuntos implicados en todos los escándalos, dado que la mayoría de ellos espera obtener un nuevo mandato en octubre.
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