Un partido opositor de Guatemala pedirá a un juzgado declarar la "incompetencia mental" del ex dictador Efraín Ríos Montt para que sea destituido como presidente del Congreso e impedir su candidatura a la Presidencia en los comicios generales de noviembre, informó ayer una fuente política.
"Estamos terminando de hacer el estudio y lo vamos a presentar en los próximos días a un tribunal civil, porque él (Ríos Montt) no es apto para dirigir el Congreso ni para postularse como candidato presidencial", dijo el secretario general del minoritario partido DIA (derecha), Jorge Ortega.
Ríos Montt "tiene una enfermedad médica que se llama obsesión compulsiva", dirigida a la búsqueda del poder "por cualquier vía", pese a "que no está en pleno uso de sus facultades mentales y en consecuencia debe ser declarado incompetente", aseguró Ortega.
"Estamos en la revisión de la denuncia, con un equipo de abogados y médicos, que dan los últimos toques", para lo cual, se considera la tipificación existente en el Código Civil, explicó el dirigente político.
De acuerdo con el artículo 9 del Código Civil, los mayores de edad (18 años) que padecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción, como se le denomina a la acción jurídica para declarar la incompetencia de una persona. "La declaratoria de interdicción produce incapacidad absoluta para el ejercicio de sus derechos", precisó Ortega.
El político estimó que la "incapacidad mental" de Ríos Montt, de 77 años, quedó demostrada el 24 y 25 de julio pasados, cuando "ordenó las violentas protestas" a cargo de turbas de encapuchados en la capital para exigir su inscripción a la candidatura como presidente, de cara a los comicios del 9 de noviembre próximo.
El ex dictador, que gobernó Guatemala con mano de hierro entre 1982 y 1983, fue inscrito el pasado jueves como candidato de su partido, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG-derecha), por orden de la Corte de Constitucionalidad, pese a un impedimento constitucional, por haber dirigido un régimen de facto.