La figura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, señalado por corrupción, continúa en el centro de la guerra abierta entre el gobierno de Dilma Rousseff y la Justicia, que alimenta el caos político que vive Brasil.
Lula, que asumió el jueves el Ministerio de la Presidencia en el equipo de Rousseff, ha visto en las últimas horas cómo diferentes tribunales le impedían ejercer el cargo, después le daban luz verde y de nuevo anulaban de forma cautelar su nombramiento.
Un laberinto judicial que mantiene al expresidente en una suerte de "limbo" y que complica la posibilidad de que, como ministro, disfrute de la condición de aforado que le blinda ante el fuero común.
La última decisión que anula su nombramiento para la cartera de la Presidencia fue adoptada por un juez de São Paulo, que argumentó que tanto el expresidente como Rousseff interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.
Acusado de lavado de dinero y falsificación, como ministro, Lula solo podrá ser investigado por el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país, que tiene un ritmo propio, sensiblemente más lento que los tribunales ordinarios.
El nombramiento le permite escapar de la sombra del juez Sergio Moro, que conduce las investigaciones del caso Petrobras que salpican tanto al expresidente como a dirigentes de todo el arco político, altos funcionarios y empresarios.
El Gobierno insiste en que su designación responde a la necesidad de reforzar la acción del Ejecutivo frente a la crisis política y a la económica, mientras que para la oposición es una maniobra para evitar sentar al expresidente en el banquillo por corrupción.
El acoso al gobierno de Rousseff avanzó con la filtración de una escucha telefónica en la que el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falco, presiona al Ejecutivo para tomar medidas y evitar el cumplimiento de una posible orden de prisión preventiva contra Lula.
"Tienen que moverse", dijo Falco en una conversación telefónica el pasado 10 de marzo al entonces ministro de la Presidencia, Jaques Wagner -nuevo jefe de gabinete.
Medios locales apuntan que la conversación fue grabada por el equipo policial que investiga el caso Petrobras el mismo día en que la Fiscalía de São Paulo le pidió a la Justicia que ordene la prisión preventiva contra Lula.
La incógnita es quién ordenó grabar y filtró esas conversaciones, si ni el presidente del PT ni el entonces ministro de Presidencia estaban bajo investigación.
Desde el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Wellington Moreira Franco, exministro de Rousseff, se mostró convencido de que su formación romperá su alianza con el Gobierno en la reunión anticipada para el 29 de marzo.
La elección está entre "romper o romper" con el Gobierno, dijo el dirigente.
