El exfuncionario mexicano Jesús Quiñones Márquez fue condenado en San Diego a más de ocho años de prisión por asociación criminal en un caso relacionado con el cartel de los Arellano-Félix.
Quiñones Márquez, quien trabajaba en la oficina del procurador general de Baja California, Rommel Moreno, y frecuentemente viajaba a San Diego para discutir investigaciones transfronterizas del crimen organizado, admitió que ayudó a introducir en México más de $13 millones procedentes del contrabando.
El exfuncionario llegó a un acuerdo con la fiscalía -con el que evitó la condena a cadena perpetua- después de reconocer además que compartió con un líder narcotraficante información acerca de una investigación sobre un doble asesinato cometido por la banda en 2010.