Un juez español ordenó ayer lunes que dos líderes del movimiento independentista de Cataluña sean encarcelados mientras se les investiga por posibles cargos de sedición.
El juez ordenó cárcel para Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, y para Jordi Cuixart, del grupo Ómnium Cultural, después de interrogarlos a ellos y a dos oficiales judiciales.
La Audiencia Nacional de Madrid investiga el papel que tuvieron los cuatro imputados en las manifestaciones del 20 y 21 de septiembre en Barcelona. La policía arrestó a varios funcionarios catalanes y allanó oficinas en esas fechas como parte de la batida del gobierno central contra los preparativos del referéndum independentista del 1 de octubre.
Cataluña
El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, eludió ayer aclarar si la semana pasada declaró la independencia de esa comunidad autónoma, como le requirió el Ejecutivo español, que le emplazó a volver a la legalidad antes del próximo jueves o en caso contrario tomará medidas.
El 10 de octubre pasado, Puigdemont compareció en el Parlamento regional, donde manifestó "asumir" los resultados del referéndum soberanista del 1-O, en el que con una participación en torno al 43%, algo más de 2 millones de catalanes apostaron por convertir su comunidad en una república independiente de España.
Esa confusa declaración llevó al Gobierno español que preside Mariano Rajoy a requerir formalmente al líder catalán que aclarase si realmente declaró la independencia o no, algo que Puigdemont no ha hecho hoy, fecha del primer plazo, en una misiva enviada al Gabinete.
En su carta Puigdemont evita pronunciarse sobre la petición de Rajoy y pide al Gobierno central "dos meses" para dialogar y negociar una salida política a lo que considera contencioso entre Cataluña y el Estado.
"No puedo aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted (Puigdemont) denomina 'conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña", respondió Rajoy de forma inmediata, también por carta.
Por su parte, Puigdemont hizo hincapié en que los efectos del "mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre" están "suspendidos" porque su "voluntad" es "encontrar la solución y no el enfrentamiento".
La indefinición del presidente catalán no ha satisfecho al Gobierno español que, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le exigió ayer mismo dar una respuesta "clara" antes del 19 de octubre (fecha del segundo plazo del requerimiento citado) para acabar "con la incertidumbre" de los ciudadanos.
Orden
Horas antes de la audiencia y orden de arresto para Sánchez y Cuixart, el juez falló que el jefe de la policía regional de Cataluña, Josep Lluis Trapero, y su colega, la teniente Teresa Laplana, podían enfrentar su proceso en libertad bajo ciertas condiciones, como entregar sus pasaportes y presentarse en el tribunal cada dos semanas.
