El líder paramilitar Carlos Castaño anunció ayer que está a la espera de acordar las condiciones de su entrega a la justicia de los Estados Unidos y demostrar que no es responsable de delitos de narcotráfico por los cuales fue solicitado en extradición.
No sé cual será el momento de este sometimiento, pero estoy aquí poniendo la cara, diciéndole a los colombianos, al mundo: no me considero un bandido, no me considero un delincuente, no voy a ocultarme ante nadie"", dijo Castaño en una entrevista telefónica con Radio Cadena Nacional (RCN) desde las montañas del noroeste colombiano.
EU ttendrá que recibirme en Colombia, cuando las condiciones estén dadas, pero no conozco los mecanismos operacionales"", agregó Castaño. El paramilitar tiene 33 procesos en Colombia, por delitos como matanzas y homicidios, pero ninguno por narcotráfico.
111Para Bush, el caso Castaño es una muestra de que EU va a perseguir al terrorismo aunque sus víctimas no sean estadounidenses.
Aclaró que no hay un acuerdo legal"" con el gobierno de los Estados Unidos para su entrega y reducir su condena a cambio de delaciones de narcotraficantes, pero que aspira a lograrlo.
El abogado Joaquín Pérez, quien todavía permanece en Miami, aunque Castaño afirmó que se había desplazado a Washington para adelantar los trámites y condiciones de su sometimiento a la justicia, dijo que no podía dar declaraciones sobre el caso, en comunicación telefónica.
El vocero de la embajada norteamericana en Colombia afirmó que no conocía de negociaciones entre Castaño y funcionarios estadounidenses. El jefe paramilitar agregó que antes partir a EU deberá dejar arreglado el problema de la sucesión y la continuidad de su ejército privado.
En la refriega varios transportistas fueron arrestados, sumando según un informe de la Policía Nacional, 71, los cuales fueron puestos a órdenes de la Corregiduría de Barrio Colón, a cargo de Luis Ferreira.
Entre los detenidos se encontraban el ex dirigente transportista Eliécer Montenegro, el actual secretario general, Ricardo Montero, Eric Barza, Marcos Polo y Milciades Bonilla. La cantidad de bombas lacrimógenas lanzadas causó protestas por parte de los dueños de comercios ubicados en los alrededores de la sede de SICAMOCH.
Luego de los incidentes, el secretario de Prensa y Propaganda del SICAMOCH, Jerson Palacios, en una improvisada rueda de prensa, afirmó que aún cuando el Gobierno alega querer dialogar, procedió a detener a sus dirigentes.
Dijo que se analizaba la posibilidad de convocar a un paro nacional e indefinido, calificando como una "arbitrariedad" del Gobierno haber permitido que se forzaran los vehículos y que fueran conducidos por unidades de la Policía Nacional. Advirtió que se trata de unidades privadas, por lo que no descartó que se tomaran acciones legales en contra de la institución.
En horas de la tarde, los transportistas detenidos eran trasladados a la Corregiduría de Barrio Colón en grupos de 20, para ser notificados de la sanción. Según los abogados de los conductores, de imponerse una sanción de B/.50.00, la misma sería apelada.
Mientras tanto, en La Chorrera, momentos de tensión se dieron en la sede de SICAMOCH, cuando un vehículo de los llamados piratas, con placa 153100, pasaba con pasajeros, provocando que los transportistas se le fueran encima, teniendo que intervenir las unidades antimotines que mantenían acordonada el área, al mando del director de la policía de Tránsito, Guillermo Caballero.
Al lugar también se presentó la alcaldesa de La Chorrera, Yolanda Villa de Arosemena, quien se ofreció a mediar ante las autoridades del Tránsito, a fin de buscar una solución al conflicto y tratar de que los conductores detenidos en el área fueran liberados.
Luego del incidente empezaron a verse buses de La Chorrera conducidos por policías y algunos autobuses de la ciudad capital que circulaban por las principales calles del distrito, recogiendo pasajeros de manera gratuita. Por su parte, la secretaria general de la Asociación de Usuarios del Transporte Colectivo del sector Oeste, Esperanza Mena, calificó como pésimo el servicio del transporte colectivo en diferentes puntos del área, especialmente la ruta de Burunga y Vacamonte, que por no contar con una ruta interna se la deben de ingeniar para llegar hacia su lugar de trabajo.
"Por ejemplo, en Vacamonte, miles de usuarios todo los días de Dios tienen que ver cómo se transportan hacia su destino, porque hay un problema serio de transporte colectivo e interno en el sector", expresó la dirigente.
Dijo que el tema de los " piratas" es un problema entre transportistas y no del usuario, quien tiene todo el derecho de recibir el servicio que más le sea eficiente.
Manifestó que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) debe tomar cartas en el asunto, ya que no puede seguir con el paternalismo con los transportistas del sector Oeste, en detrimento de miles de usuarios que necesitan un servicio eficiente.
Reconoció que existe una ley donde se establece quiénes están debidamente constituidos y acreditados para prestar el servicio, pero a su juicio los propios transportistas violan la norma.
Subrayó que la presidenta de la República, Mireya Moscoso, debe tomar los correctivos y también el director de la ATTT, Pablo Quintero Luna.
Agregó que en el mes de agosto se aprobó en la Asamblea Legislativa la Ley 46, que incluye la participación del usuario en la junta directiva de la autoridad de transporte que serán escogidos por la defensoría del pueblo y están insistiendo que se haga una selección democrática con la participación de todos los usuarios.
Los transportistas detenidos fueron puestos en libertad en horas de la tarde, luego de lo que a las 5:00 p.m. la dirigencia de los transportistas del sector Oeste se reunió en las instalaciones de la piquera de la Sociedad de Transporte de Arraiján, donde se acordó suspender el paro a partir de las 12:00 medianoche.
Durante la reunión se acordó crear una comisión de alto nivel de la dirigencia transportista, con el fin de presentar un pliego de peticiones para ser discutidas con las autoridades nacionales.
La acción de los transportistas fue acordada el martes para forzar al Gobierno a erradicar la piratería, solicitar la reparación de las carreteras y calles internas del sector Oeste por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP), al igual que las paradas de autobuses.
Los quejosos también exigían la construcción en el menor tiempo posible de un tercer carril en la ruta Arraiján - Panamá y que se otorguen préstamos con intereses blandos por parte del Banco Nacional de Panamá (BNP), para la consolidación de deudas y adquisición de unidades en mejor estado.
Desde tempranas horas de la mañana, las paradas de buses a lo largo de la vía Interamericana se encontraban abarrotadas de trabajadores y estudiantes que intentaban trasladarse hacia la capital, cuyo disgusto se hizo evidente a medida que pasaban las horas y veían imposibilitadas las posibilidades de llegar a su destino.
Algunos usuarios que esperaban poder abordar un autobús en horas de la madrugada, criticaron la medida, alegando que en lugar de cerrar las vías debieran adoptarse otras medidas de presión.
Igualmente, algunas personas que esperaban acudir a citas médicas en la ciudad capital, criticaron el paro, advirtiendo que personas en estado delicado de salud podrían fallecer a causa de estas acciones.
