El principal jefe de los escuadrones paramilitares de Colombia planteó ayer una reforma judicial que permita la excarcelación de cientos de combatientes de esos grupos presos y garantice la libertad de quienes depongan las armas en una negociación de paz.
La propuesta del comandante político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, fue hecha en un vídeo que envió a la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, al norte del país, donde se tenía previsto un encuentro para analizar el proceso de paz, el cual se aplazó.
"Muchos miembros de las autodefensas ya han perdido su libertad y otros la tenemos en vilo. Unos y otros debemos recuperarla. Las penas para quienes violan la ley al defenderse no pueden ser como las penas para quienes las violan al agredir", dijo Castaño, de 38 años.
Al menos unos 6,000 combatientes de los grupos paramilitares permanecen encarcelados. La propuesta de Castaño, quien afronta decenas de procesos criminales, se conoce en momentos en que congresistas, políticos y académicos discuten un proyecto de ley que otorgaría beneficios jurídicos a los paramilitares que depongan las armas.
Los grupos paramilitares combaten a la guerrilla izquierdista y son acusados de contar con el apoyo de sectores de las Fuerzas Armadas y de cometer las peores violaciones a los derechos humanos en medio de un conflicto interno de cuatro décadas.
El Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, descartó ayer conformar una "comisión de la verdad"" para el proceso con los paramilitares y calificó la medida de populista. Restrepo aseguró que la justicia colombiana cuenta con mecanismos institucionales para resolver los casos de los paramilitares desmovilizados, como los más de 850 que dejaron las armas el año pasado en la ciudad de Medellín.
El Comisionado criticó al secretario de gobierno de la alcaldía de Medellín, Alonso Salazar, por proponer de forma pública un mecanismo de justicia alternativa y recordó que cualquier cambio en la ley penal se debe hacer a través del Congreso.
Las autoridades municipales no pueden cambiar los mecanismos de justicia... que es algo que le corresponde al Congreso. Ahí hay un poco de populismo. Un gobierno municipal no puede montar un mecanismo de justicia alternativa simplemente porque se le ocurrió"", dijo el Alto Comisionado, a Radio Caracol.
