Representantes del empresariado venezolano y la jerarquía de la Iglesia católica se sumaron al rechazo expresado por la mayoría de los líderes políticos de la oposición por la salida del aire de 34 emisoras de radio.
La decisión fue adoptada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) por entender que esas emisoras estaban en situación ilegal por haber “fallecido su titular, vencido la concesión, no renovado el permiso o haberse declarado improcedente el cambio de su titular”.
La Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión (CVIR), que dirige Nelson Belfort, uno de los afectados por la decisión de Conatel, emitió un comunicado en el que afirma que la medida oficial viola los derechos “a la defensa y a la libertad de expresión”.
La CVIR añadió que detrás de los aspectos legales aludidos por Conatel se percibe que “el Gobierno no quiere ni le conviene que se siga denunciando la corrupción, la inseguridad, el alto costo de la vida, el desempleo, ni ninguno de los problemas que afectan a los ciudadanos”.
La medida de Conatel afectó a cinco emisoras del circuito CNB (Circuito Nacional Belfort), formado por nueve emisoras FM y dos AM, que dirige Belfort.
Portavoces del grupo CNB dijeron que recurrirán la medida de Conatel ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Según algunos “blogs”, la CNB continúa con su programación en la Internet, y sus periodistas realizan gestiones para informar a través de la red conocida como “Twitter”.
Empresarios.
La patronal venezolana también criticó la acción gubernamental y señaló que, además de atentar contra la propiedad privada, busca silenciar las voces que disienten del proyecto político del presidente Hugo Chávez.
“Estas medidas dan cuenta de la intención que se tiene de silenciar no sólo a los medios de comunicación social, sino a todos los venezolanos”, aseguró la Federación de Cámaras Empresariales (Fedecámaras) en un comunicado.
“Observamos también que desde el Ejecutivo Nacional se insiste en acabar con las empresas privadas, la propiedad y los medios de producción”, añadió la patronal venezolana.
Igualmente, el cardenal Jorge Urosa señaló a la emisora caraqueña Unión Radio que lo ocurrido es “sumamente grave porque se trata de algo que va contra el espíritu y la letra misma de la Constitución”.
Además, opinó que “esta medida golpea a mucha gente, a gente sencilla y humilde, simplemente por trabajar en una emisora que tenga una actitud crítica, o al menos de no plena sumisión al Gobierno”.
Colegio.
Aunque los rechazos a la medida oficial aluden a motivaciones políticas, el Colegio Nacional de Periodistas destacó que "ni CNB, ni el resto de las emisoras cerradas, tenían una programación en la que predominaran los contenidos políticos.
Eran emisoras de entretenimiento que no se estaban metiendo con nadie”.
Marchas.
Al conocerse del cierra de varias emisoras la población y los grupos sociales, políticos y de derechos humanos se manifestaron para expresar su solidaridad.
Conatel.
El director de Conatel, Diosdado Cabello, precisó al anunciar las medidas que la decisión del Gobierno de combatir el “latifundismo mediático” y promover la “democratización” de la propiedad de los medios de comunicación ha recibido muchas críticas, pero ninguna denuncia de que se esté violando la ley.
“Nadie ha dicho que esto va contra la ley. Nadie ha argumentado eso porque saben que estamos cumpliendo estrictamente lo que la ley dice”, afirmó Cabello, que también es ministro de Obras Públicas y Vivienda.
