El abogado belga Paul Bekaert ha confirmado ayer que ha sido nombrado "consejero" por el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, según publica el diario L'Echo y difunde la cadena pública flamenca de televisión VRT.
Bekaert, cuyo despacho está ubicado en la localidad flamenca de Tielt (oeste), fue también el abogado de la presunta etarra Natividad Jáuregui, que Bélgica rechazó entregar a España después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015.
Según L'Echo, Puigdemont y Bekaert se reunieron la tarde de ayer en la capital comunitaria, donde también ha entrado en contacto con otros abogados, en una visita organizada por el exjefe de la oficina de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj, también destituido por el Ejecutivo central español.
Puigdemont viajó a Bruselas desde Marsella (Francia) junto a cinco exconsejeros de su Gabinete, que, como él, fueron destituidos el viernes por un decreto del Ejecutivo español para restablecer la legalidad tras la declaración de independencia de esa región.
Puigdemont y los exmiembros de su Ejecutivo fueron en coche desde Cataluña a Marsella y, una vez en esta ciudad del sur de Francia, tomaron un vuelo con destino a Bruselas, donde se reunieron con el jurista Bekaert.
Los cinco antiguos consejeros que llegaron con Puigdemont a Bruselas son los de las carteras de Gobernación, Meritxell Borrás; Salud, Antoni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.
Fiscalía española se querella contra líderes catalanes
La Fiscalía General del Estado español presentó ayer querellas por rebelión, sedición y otros delitos contra los integrantes del destituido gobierno de la región de Cataluña y contra los de la Mesa del Parlamento autonómico por impulsar la independencia.
En una comparecencia ante la prensa, el fiscal José Manuel Maza explicó que la querella contra los miembros del Gabinete catalán irá a la Audiencia Nacional, porque ninguno de ellos cuenta con foro especial tras haber sido cesados el pasado viernes por el Gobierno español, luego de proclamar la secesión.
Los miembros de la Mesa del Parlamento deberán responder ante el Tribunal Supremo, que sí cuenta con un foro especial como parlamentarios, añadió el fiscal Maza.
Además, la Fiscalía solicitó fianzas de 6.2 millones de euros (cerca de 7.2 millones de dólares), tanto en el caso de los anteriores gobernantes regionales como en el de los parlamentarios querellados.
