La organización defensora de los derechos humanos Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamentó hoy la "expulsión" de Panamá de los periodistas españoles Pilar Chato y Paco Gómez Nadal, tras haber sido acusados de instigar protestas indígenas.
"CEJIL lamenta la actuación de las autoridades panameñas, las cuales expulsaron al periodista español Paco Gómez Nadal y a su compañera Pilar Chato el lunes pasado después de su detención irregular el sábado 26 de febrero", indicó CEJIL en un comunicado.
La organización expresó su "preocupación" porque considera que "las actuaciones del Estado panameño en este caso constituyen violaciones a la libertad de expresión que estuvieron destinadas a acallar una voz disidente y a debilitar los movimientos que reclaman derechos frente al Estado".
CEJIL pidió al Gobierno panameño que "rectifique sus actuaciones, que investigue las violaciones sufridas por Gómez Nadal y Chato y que sancione a los funcionarios responsables".
También instó a Panamá a que "reconozca la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos y se comprometa a crear condiciones adecuadas para que el derecho a la libertad de expresión sea ejercido sin restricciones indebidas".
Los periodistas españoles fueron repatriados el lunes tras haber sido detenidos el sábado en la capital panameña durante una manifestación indígena contra la minería y ser acusados por el Gobierno de instigar la protesta.
Chato y Gómez Nadal, duro crítico del gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, y también coordinador en Panamá de la organización de defensa de los derechos humanos "Human Rights Everywhere", fueron detenidos cuando observaban una manifestación de grupos indígenas contra la minería frente a la Asamblea Nacional.
La ley que reformó el código minero fue sancionada por Martinelli el 11 de febrero y desde entonces se registraron protestas de ecologistas, sindicalistas y sectores opositores, pero sobre todo de los indígenas.
Martinelli se comprometió hoy a derogar la ley de reforma del código minero, tras varias semanas de protestas de ecologistas, sindicalistas, políticos e indígenas de la etnia Ngbe Buglé, en cuyos territorios se encuentran los principales yacimientos.
