China defiende "mano dura" contra narcotráfico tras ejecución de colombiano

El Gobierno chino defendió su política de "mano dura" contra el narcotráfico después de que las autoridades judiciales ejecutaran a Ismael Enrique Arciniegas Valencia, un ciudadano colombiano detenido en 2010 por transportar casi cuatro kilos de droga. "Todos somos iguales ante la ley", afirmó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang, en una rueda de prensa en la que confirmó la ejecución del colombiano. Arciniegas Valencia, de 74 años, fue ejecutado en la provincia sureña de Cantón, donde había permanecido bajo custodia desde hace unos siete años. La cancillería colombiana expresó sus condolencias a través de Twitter y aseguró que "se luchó hasta el último minuto" por la vida del condenado. La Embajada y los consulados colombianos en China rechazaron dar más detalles y se remitieron al comunicado de su Cancillería. El portavoz chino aseguró que las autoridades respetaron "los derechos e intereses legítimos" del preso colombiano "en base a la ley" y realizaron las gestiones necesarias para responder a las peticiones consulares. No obstante, China rechazó conmutar la sentencia a muerte de Arciniegas Valencia a pesar de las solicitudes de súplica de Bogotá. "Las autoridades judiciales chinas toman medidas muy duras contra este tipo de delitos (...) Se tratará por igual a cualquiera que incumpla la ley", advirtió Geng Shuang. "Esperamos que los ciudadanos extranjeros en China cumplan la legislación china y no violen las leyes o participen en actividades criminales", añadió. En un momento en el que Colombia y China están aumentado su cooperación en múltiples ámbitos, incluido el judicial, Geng confió que esta ejecución no perjudique los lazos. "Creemos que estos casos judiciales individuales no deberían afectar esta larga cooperación", manifestó el portavoz de la cancillería china, al recordar que Pekín aceptó en el pasado el traslado de dos presos colombianos a su país por razones humanitarias. En materia judicial, China y Colombia trabajan desde hace al menos tres años en un convenio de repatriación de presos que permitirá trasladar a colombianos sentenciados a penas inferiores a la pena de muerte o cadena perpetua al país latinoamericano para cumplir allí el resto de su condena. Ambos países aún continúan tratando el asunto y se desconoce cuándo podría ser firmado.