El Gobierno de China anunció hoy nuevas normativas que endurecen los trámites para la acogida de niños de ese país por organizaciones religiosas o su adopción por clérigos de distintas creencias, en las que se estipula que "no podrán forzarles a adoptar su fe".
Las nuevas normativas, anunciadas conjuntamente por el Ministerio de Asuntos Civiles chino y la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, también señalan que sólo estarán autorizados a asumir la custodia de niños aquellos organismos religiosos o clérigos que estén en una lista oficial elaborada por las instituciones chinas.
"Aquellos interesados en gestionar centros de acogida y orfanatos deberán solicitar aprobación de departamentos de asuntos civiles, y firmar contratos que incluirán responsabilidades e instrucciones a la hora de adoptar niños", subraya la circular.
También instan las nuevas leyes a los orfanatos de organizaciones religiosas ya existentes en China a que mejoren sus estándares, y advierten que "quienes no cumplan los requisitos pese a haber iniciado mejoras, o no cooperen con los departamentos de asuntos civiles, o no reciban la aprobación de éstos, tendrán prohibido adoptar".
La circular oficial reconoce que los grupos religiosos en China han tenido un papel muy importante a la hora de acoger y ayudar a niños abandonados, pero "han surgido problemas en torno al cuidado y la educación" de estos menores.
Según estadísticas del Ministerio de Asuntos Civiles, existen en China 878 organizaciones de adopción, de las que 583 están ligadas a la religión, y que prestan cuidado a más de 9.300 niños.
China, que en la década de 1990 y principios de la de 2000 fue uno de los países más abiertos a la adopción por parte de familias extranjeras, decidió a mediados de la pasada década primar la adopción interna, lo que redujo la proveniente del exterior.
El Gobierno chino también anunció hoy una propuesta de ley para aumentar la protección de niños adoptados ante abusos de sus familias de acogida, que se ha sometido a debate público hasta el próximo 5 de junio.
La reforma, elaborada por el Ministerio de Asuntos Civiles, contempla incluir este tipo de delitos como crimen (hasta ahora los adoptantes condenados en este tipo de casos recibían sanciones administrativas o multas, pero no eran juzgados por el Código Penal).
