La divulgación de resultados de un nuevo peritaje sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos en México en 2014, lejos de esclarecer los hechos, provocó un enfrentamiento entre expertos que analizan el caso y la fiscalía, la cual, según los padres, pretende dividir a la opinión pública.
Los resultados presentados por el grupo de expertos que realizó un nuevo peritaje en el basurero de la localidad Cocula se aproximaron a la "verdad histórica" que presentó la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a principios de 2015 y que señala que los estudiantes fueron incinerados a manos de miembros del cartel Guerreros Unidos.
En el basurero fueron quemados "al menos 17 seres humanos adultos", reveló el experto Ricardo Torres, quien ejerció como portavoz del grupo.
Tras esto, el GIEI -designado por la CIDH- denunció que la fiscalía había violado los acuerdos a los que ambos habían llegado.
