Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de 43 jóvenes en el municipio mexicano de Iguala denunciaron la destrucción de pruebas de video, rechazaron entrevistar por escrito a militares y pidieron la ampliación de su mandato.
"Tenemos una especial preocupación por la pérdida de pruebas en el caso", dijo la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, tras la quinta visita de este grupo interdisciplinario al país para investigar la desaparición de los jóvenes hace casi un año.
Personal del Palacio de Justicia del municipio de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, dijo a la CIDH que existían grabaciones de video tomadas desde el edificio en las que se observaba la detención de "entre 10 y 16" estudiantes por parte de la policía la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, detalló.
Ese día, 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron a manos de autoridades corruptas y miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un municipio vecino, según la versión oficial, que los padres rechazan.
La CIDH solicitó esta prueba a través de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), pero "parece que tales registros videográficos fueron destruidos", continuó Paz, que pidió que, de confirmarse este hecho, se tomen las medidas legales pertinentes.
Asimismo, el grupo criticó la postura gubernamental de permitir únicamente por escrito y dentro del proceso penal la entrevista a 26 militares del Batallón 27, con sede en Iguala, supuestos testigos del ataque a los estudiantes.
Los expertos aceptaron en un primer momento la entrevista a estos militares dentro del proceso penal siempre que pudieran sugerir preguntas durante el encuentro, como ya hicieron cuando se tomó la declaración de varios alumnos de la Normal.
Sin embargo, el 16 de agosto recibieron una respuesta definitiva en la que se les obligaba a formular las demandas por escrito y a no participar en la comparecencia, lo que ellos rechazaron.
"No vamos a entregarles el cuestionario. Esto significa que no tendremos control de cómo ni qué se responde, ni la posibilidad de precisar puntos claves durante la declaración", dijo el experto chileno Francisco Cox.
Cox puntualizó que recabar los testimonios de los militares permitiría obtener información para las pesquisas y la búsqueda de los jóvenes, y criticó que el Gobierno haya respondido que la presencia del grupo en la declaración "pondría en riesgo la legalidad de la investigación".
Además de ello, los expertos denunciaron la ocultación de evidencias de ropa de los normalistas a sus familiares.
El 29 de junio, el grupo interdisciplinario encontró en el expediente del 27 de septiembre que se había recogido y resguardado ropa de los desaparecidos hallada en dos autobuses que los estudiantes iban a utilizar para asistir a una marcha en la ciudad de México a principios de octubre.
Dichas evidencias "no eran conocidas por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de las mismas", explicó Paz.
El grupo afirmó que este hecho es "grave", tanto "para la investigación" como por la importancia que tiene para los familiares.
