- 22 mil personas están desaparecidas en el territorio mexicano y es poco lo que se ha hecho al respecto.
Padres y compañeros de jóvenes desaparecidos convocan a protestas
- Los padres de varios de los jóvenes que desaparecieron hace 35 días en México, decepcionados por la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, llamaron a la sociedad a movilizarse para exigir justicia a unas instituciones que consideran rebasadas por el crimen organizado. Las instituciones se han visto rebasadas, los tejidos están rotos, la delincuencia está por todas partes en todos los niveles de Gobierno, no podemos seguir así, tenemos muertos, mutilados, dijo Omar García, uno de los estudiantes que vivió la noche de violencia del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. El joven anunció que en las próximas semanas recorrerán el país en una caravana pacífica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó hoy que la respuesta del Gobierno mexicano al caso de 43 estudiantes desaparecidos en Iguala (Guerrero) no podrá medirse del todo hasta que no sean hallados, por lo que instó a hacer más para responder a la “grave crisis” que vive el país.
Representantes del Gobierno mexicano y de ocho organizaciones de derechos humanos debatieron hoy sobre la respuesta oficial a la desaparición de estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, durante una audiencia ante la CIDH.
“La pregunta es: ¿Cuántos estudiantes han aparecido? Se han emprendido acciones, se reconocen y se validan, pero creo que es más importante subrayar que la expectativa de los padres es encontrar a los jóvenes con vida”, dijo en la sesión el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
La CIDH concedió el pasado 3 de octubre medidas cautelares para que el Gobierno de México active todas las acciones para determinar el paradero de los jóvenes, y las organizaciones que acudieron a la audiencia subrayaron la falta de avances en ese sentido.
“Hoy no estamos todos aquí. Hoy nos faltan 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, señaló la abogada Priscila Rodríguez, una de las solicitantes de la audiencia, antes de que sus compañeros leyeran, uno a uno, los nombres de los jóvenes desaparecidos.
Frente a un enorme cartel que rezaba “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, los manifestantes pidieron un minuto de silencio en memoria de los seis estudiantes ejecutados el 26 de septiembre, la misma noche en que desaparecieron los otros 43.
Según la investigación, los policías que mataron a los seis jóvenes entregaron a los 43 restantes al cartel Guerreros Unidos, cuyo líder, Sidronio Casarrubias, ordenó su desaparición creyendo que se trataba de miembros de Los Rojos, un grupo criminal rival.
La subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Lía Limón, aseguró que “el Estado mexicano no descansará hasta aclarar los hechos, castigar a los responsables y atender de manera integral a todas las víctimas”.
Icaza subrayó que hay una “grave crisis” a raíz del caso de Iguala y el de Tlatlaya (México), donde 22 civiles murieron presuntamente a manos de militares el 30 de junio.
“Pero lo lamentable es que son patrones que venían sucediendo antes. Lo dramático es la dimensión, pero no hay sorpresa en términos de la ocurrencia”, lo que es “preocupante”, agregó.
“La crisis humanitaria de personas desaparecidas, asesinadas, desplazadas, torturadas, lesionadas consideramos que ha sido ignorada, maquillada, escondida, simulada, reducida a estadísticas manejadas por el propio Gobierno”, indicó Gabriela Morales, del centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova.
La activista destacó que “la cifra oficial de personas desaparecidas es de 22,322 más 43”, y que queda “sin resolver el paradero de 12,532 personas” de las “más de 29,000 no localizadas durante el sexenio de Felipe Calderón” (2006-2012).
