Los combativos sindicatos cocaleros del centro de Bolivia llamaron a un bloqueo "armado" de caminos al cumplirse ayer, el décimo tercer día de una huelga de los sindicatos opuestos a la venta de gas por Chile y en demanda de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Reunidos en la localidad de Lauka, a 770 km al este de La Paz, los sindicatos de cultivadores de coca anunciaron el corte de la principal carretera boliviana a la altura del Chapare, epicentro de la lucha antidrogas que en 14 años ha cobrado la vida de al menos 200 labriegos y efectivos del Ejército y Policía.
El sindicato cocalero instruyó a sus bases, unas 30,000 familias de indios quechuas y aymaras pobres, a "salir con las armas que tengan", hondas y machetes inclusive, para "prevenir masacres", según un dirigente de mando medio Félix Santos.
"Queremos advertir al Gobierno que nosotros no permitiremos que se nos masacre como está ocurriendo en el altiplano con los campesinos y los hermanos mineros. Si hay represión vamos a responder en forma organizada", reafirmó de su lado el líder cocalero y de la oposición en el Congreso, Evo Morales.
Los empresarios de La Paz han pedido al gobierno apoyo militar y policial para proteger sus empresas en la vecina ciudad de El Alto, que desde hace tres días está paralizada por una huelga indefinida y manifestaciones en rechazo a la venta del gas. "Estamos pidiendo un apoyo militar y policial para las industrias y comercios hasta que la ciudad se pacifique", indicó el presidente de la patronal, Bern Abendroth ante el temor de saqueos en esa populosa urbe de 750,000 habitantes.
Violentas manifestaciones tuvieron lugar en El Alto ayer mientras el transporte estaba paralizado y el comercio cerrado un día después de los enfrentamientos entre policías y un grupo de mineros que causó dos muertos, 16 heridos y 19 detenidos. Una de las víctimas cayó por un disparo en la cabeza cuando intentaba saquear un almacén aduanero, según informaron las autoridades.
Los juntas vecinales de El Alto se oponen a la posible exportación del gas y exigen la renuncia del presidente Sánchez de Lozada. Mientras, grupos de campesinos en la región altiplánica y en Los Yungas mantienen bloqueadas las rutas demandando atención del gobierno a sus demandas a las que han sumado su rechazo a la venta del energético.
Según vecinos, la ciudad de El Alto ha quedado a merced de los manifestantes, mientras las fuerzas policiales intentan mantener expedita las rutas al aeropuerto y las ciudades del interior.
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