El Gobierno colombiano justificó su decisión de permitir bombardeos contra las bandas criminales que operan en distintas zonas del país, pero según un experto, la medida podría violar el derecho internacional.
"Este es un avance jurídico que nos permite ser más contundentes en el uso de la fuerza (contra) las organizaciones más peligrosas y más hostiles", explicó el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, quien la víspera presentó un conjunto de medidas que permiten a las fuerzas militares y la policía utilizar las armas legales que estén a su alcance para combatir a las bandas criminales, incluidos los bombardeos.
"Es un hito en la lucha contra el crimen organizado", enfatizó.
Pero John Marulanda, consultor en temas de seguridad, indicó que las normas internacionales avalan los bombardeos solo contra objetivos militares.
La autorización del Gobierno para bombardear a las bandas criminales, agregó, "es el reconocimiento del Estado de la superioridad y letalidad que han venido adquiriendo estas organizaciones".
En entrevista telefónica con The Associated Press añadió que "el Estado se dio cuenta de que debido a la unión del crimen organizado con los grupos guerrilleros, estas organizaciones... han adquirido grandes capacidades de armamento para enfrentar al Estado".
De acuerdo con el diario bogotano El Tiempo, la medida está dirigida contra tres de esas bandas: el Clan Usuga, los Puntilleros y los Pelusos. La primera banda opera en varios departamentos del noroeste colombiano, la segunda en los llamados Llanos Orientales y la tercera en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.
El comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Eduardo Bueno, aseguró que el objetivo del Poder Ejecutivo es que los bombardeos no afecten a la población civil.
En noviembre, un bombardeo contra integrantes del Clan Usuga en el departamento de Chocó dejó al menos 12 muertos. Luego las autoridades dijeron que en realidad el operativo era contra el rebelde ELN.
