POSICIÓN OFICIAL SOBRE EL CASO
- El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, manifestó que Colombia debe acatar “indiscutiblemente” el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, aseguró que la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) al Estado colombiano por un bombardeo en el que murieron 17 campesinos en 1998 pone en entredicho las acciones de las Fuerzas Militares (FF.MM.)
“Respetamos la decisión del tribunal internacional, pero no hay duda de que llama mucho la atención que mientras en Colombia hay condenas directas contra las Farc por haber participado en esa situación, se quiera poner en entredicho la acción del Estado colombiano”, aseguró Pinzón a la emisora Caracol Radio.
Según el fallo divulgado por la CorteIDH, que se refirió al caso como a la “masacre de Santo Domingo”, el Estado colombiano violó los derechos humanos de los ciudadanos al dejar caer bombas sobre un poblado rural que dejó 17 personas muertas y otras 27 heridas en diciembre de 1998.
Los hechos se registraron en el departamento de Arauca (noreste colombiano) en diciembre de 1998, en el marco de una operación militar contra la guerrilla que se prolongó por varios días en esa región.
“Aquí lo que termina en entredicho son acciones de la Fuerza Pública y de los soldados que han trabajado por la seguridad de esa región del país”, enfatizó el ministro de Defensa.
Y aseguró que un equipo jurídico del Gobierno estudiará los alcances de la condena dada a conocer en las últimas horas.
La defensa de los militares procesados por el bombardeo ha argumentado que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) son los responsables de la explosión y quienes trasladaron rastros de bombas militares hasta el caserío para responsabilizar a la Fuerza Aérea de las muertes.
