Un juzgado penal de Bogotá condenó a 40 años de prisión a dos militares en retiro por su probada participación en la desaparición de varias personas en 1985 durante un operativo para desalojar a la guerrilla que había tomado el Palacio de Justicia, se informó el martes oficialmente.
La determinación judicial, que fue tomada el 18 de diciembre pasado pero que sólo trascendió en la jornada, afectó al coronel en retiro Edilberto Sánchez y al mayor en retiro Óscar William Vásquez como responsables del delito de desaparición forzada, informó la oficina de prensa de la Fiscalía General.
El 16 de diciembre último, la Corte Suprema de Justicia había absuelto al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, que fue asaltado por el hoy pacificado movimiento guerrillero M-19 en noviembre de 1985.
Sánchez fue condenado por la desaparición de los civiles Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán, ambos empleados de la cafetería del Palacio.
Vásquez, en tanto, deberá responder con cárcel por la desaparición de Rodríguez, Beltrán y además de la guerrillera del M-19 Irma Franco, quien probadamente salió con vida del edificio judicial.
Para Jorge Molano, abogado de los familiares de los desaparecidos del Palacio, la condena de Sánchez y Vásquez amerita que se revise la absolución con que fue favorecido Plazas Vega. Para ello, indicó el jurista por teléfono a la Associated Press, existe la acción de revisión.
El 6 de noviembre de 1985 un comando del Movimiento 19 de Abril o M-19 asaltó el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y demandó hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur (1982-1986).
Pero el gobierno de Betancur ordenó la recuperación de la sede judicial y a lo largo de 28 horas de disparos y fuego murieron casi un centenar de personas, entre ellas prácticamente todos los rebeldes y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema.
Adicionalmente fueron reportadas como desaparecidas 12 personas, la mayoría empleados de la cafetería del edificio judicial y la rebelde Irma Franco.
Procesos penales se abrieron y cerraron por decisión de diferentes tribunales desde entonces hasta que en 2005 la Fiscalía decidió investigar nuevamente el caso desde cero.
Por el tema de los desaparecidos del Palacio de Justicia está condenado el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, cuyo caso también está en manos de la Corte Suprema.
Los militares implicados en el tema de los desaparecidos han pregonado siempre su inocencia y han dicho que sólo se limitaron a cumplir órdenes superiores durante la recuperación de la edificación.
En noviembre pasado, el ex presidente Betancur ofreció excusas públicas por los eventuales errores que pudo haber cometido como máximo comandante de las Fuerzas Armadas durante el operativo de retoma.
La Fiscalía reportó en octubre pasado el hallazgo de las osamentas correspondientes a tres de los 12 desaparecidos. Ya en el año 2000 habían sido ubicados los restos óseos de una mujer llamada Ana Rosa Castiblanco.
Desde ese anuncio de la Fiscalía, los familiares de casi todas las víctimas que murieron quemadas en el Palacio han pedido que se establezca científicamente si en verdad les entregaron los cadáveres correctos de sus seres queridos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en noviembre de 2014 que el Estado colombiano era responsable por los desaparecidos del Palacio y por las torturas que sufrieron varias personas después de la retoma.
Con base en esa sentencia del organismo internacional, la Fiscalía abrió recientemente un proceso a 14 militares, entre ellos varios generales en retiro.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
