- 59% es el nivel de popularidad que tiene el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, pese a los escándalos.
La Corte Suprema de Justicia condenó a los responsables de los servicios secretos colombianos durante el gobierno de Álvaro Uribe por el espionaje contra periodistas, activistas, jueces y políticos opositores.
La exdirectora de la Policía Secreta, María del Pilar Hurtado, fue sentenciada a 14 años de cárcel y a ocho, el ex secretario de la Presidencia Bernardo Moreno, por utilizar los servicios secretos contra opositores políticos y jueces.
Un trabajo que se hizo “con la aquiescencia de Álvaro Uribe”, según el magistrado ponente Fernando Castro.
La Corte anunció que enviará copias de la sentencia a la comisión de acusación del Congreso para que investigue al propio Uribe y a varios de sus hombres de confianza, entre ellos el senador José Obdulio Gaviria, quien fue asesor personal del exmandatario.
Según la sentencia, el Departamento Administrativo de Seguridad espió bajo la dirección de Hurtado y por órdenes de Moreno, quien informaba a la Presidencia.
Durante casi tres horas, el magistrado Fernando Castro detalló las actividades de espionaje que estuvieron centradas en los jueces de la Corte y destacados políticos opositores como la exsenadora Piedad Córdoba o el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Sobre Córdoba la sentencia señala que se intervino su teléfono y correo electrónico para obtener información de las liberaciones de secuestrados y por sus supuestos vínculos con la guerrilla y los Gobiernos de Venezuela y Cuba. Además, señala, que existía interés del Gobierno por conocer quién pagaba los constantes viajes de Córdoba a Venezuela, país considerado “hostil” en ese momento, señaló el fallo.
Sobre los jueces, la sentencia dijo que los servicios secretos del gobierno Uribe organizaron el ‘Plan escalera’, que consistió en grabar las sesiones de la Corte Suprema a través de infiltrados.
Para la Corte quedó probado que tanto Hurtado como Moreno ordenaron esas actividades sin tener sustento legal para efectuarlas y con el ánimo de satisfacer las necesidades que llegaban desde la casa presidencial.
Nada más conocerse la sentencia, Uribe señaló que se ha condenado a personas “honorables” por cumplir su deber.
Por su parte, el senador opositor Iván Cepeda acusó directamente a Uribe de “ordenar” el espionaje y pidió que se juzgue al expresidente por haber mediado en el asilo de Hurtado en Panamá durante cuatro años.
No solo Hurtado y Moreno forman parte de la lista de excolaboradores y amigos de Uribe que enfrentan líos con la justicia.
El que fuera uno de sus ministros estrella en la cartera de Agricultura, Andrés Felipe Arias, fue condenado en julio de 2014 a más de 17 años de cárcel por las irregularidades en que incurrió en un programa de subsidios agrícolas. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde pidió asilo.
Paradójicamente, y pese a los escándalos de su gobierno, Uribe sigue siendo el político más popular del país, con una favorabilidad del 59%, según una encuesta de la firma Gallup, que otorgó un favoritismo del 29% al presidente Santos.
La FIDH celebra la condena a la exjefa de inteligencia María del Pilar
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) celebró la condena a 14 años de cárcel dictada contra María del Pilar Hurtado, jefa de los servicios de inteligencia durante la Presidencia de Álvaro Uribe en Colombia, por espiar a defensores de derechos humanos, periodistas, políticos y jueces.
“Esta condena ejemplarizante de dos ex altos funcionarios colombianos confirma el sistema de espionaje, persecución, hostigamiento y amenazas contra opositores, magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos, concebido y estructurado desde la más alta esfera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010)”, declaró la FIDH en un comunicado.
Junto a la FIDH suscribieron el comunicado Oxfam Solidariteit, Oidhaco, Broederlijk Delen y CNCD-11.11.11, organizaciones que recordaron que aún hay un proceso penal en curso en Bélgica relativo al supuesto espionaje en Europa para rastrear a defensores de derechos humanos y ONG y pidieron a la justicia colombiana que colabore con la justicia belga”.
