El presidente boliviano, Gonzalo Sánchez de Lozada, denunció una conspiración con "financiamiento extranjero" al ingresar ayer a la segunda semana el corte campesino de la principal ruta del país y a punto de concluir un plazo otorgado por el líder cocalero de la protesta, Evo Morales, para que atienda las demandas sociales "o dimita".
"Hay que reconocer que (los cocaleros) tienen mucho financiamiento de muchos de los países que representan, de los gobiernos que representan y probablemente lo manejan con más eficiencia con la que manejamos nosotros las generosas contribuciones que recibimos", afirmó Sánchez de Lozada durante un saludo protocolar del cuerpo diplomático en el Palacio Quemado de La Paz.
El gobernante liberal, que asumió hace cinco meses, no aportó mayores precisiones a su denuncia. Según analistas locales, la denuncia presidencial pareció aludir a un supuesto apoyo financiero de ONGs que operan en el Chapare desde principios de la década de los 90.
El clima de susceptibilidad oficial se acrecentó después de que cuatro ciudadanos suecos, acusados de sumarse a la preparación de la protesta cocalera y de entregar un aporte de 2,000 dólares al líder cocalero Evo Morales, fueron expulsados la semana pasada por el gobierno de La Paz.
Cristina Fredenstedt, Malena Wahlin, Yleva Westancer y Emma Johansson, fueron expulsados de Bolivia por su participación "en todas las actividades del trópico de Cochabamba (de preparación del corte de rutas) los días 26, 27 y 28 de diciembre pasado", afirmó el viceministro de Régimen Interno, José Luis Harb.
Por otra parte, una entidad no gubernamental que impulsa el diálogo de paz en Colombia alertó ayer sobre el recrudecimiento de la guerra sucia entre la guerrilla y los paramilitares en una región del noroeste donde el pasado jueves presuntos rebeldes de las FARC masacraron a 17 campesinos.
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